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Bernardo A. Guerra Hoyos
Columnista

Bernardo A. Guerra Hoyos

Publicado el 26 de septiembre de 2021

La banda musical

En mi desempeño como concejal de Medellín denuncié, en 2015, la participación de la empresa Olt Logistics, cuyo representante legal es Ottomar Lascarro —hoy socio de Emilio Tapia en la Unión Temporal Centros Poblados—, en el entramado de corrupción que comprometía la contratación de obras con el Área Metropolitana, las cuales sumaban 25 mil millones de pesos e incluían paraderos de buses, ciclorrutas y la UVA de San Javier.

Aportamos documentación irrefutable mediante la cual se comprobó que la citada empresa surgió en 2012 como producto de una clonación en Barranquilla de una empresa musical denominada Gustavo Fontalvo y su banda, que había sido liquidada años antes.

Denunciamos en ese entonces la participación de esta empresa en los procesos de licitación convocados por el Área Metropolitana, concurriendo con firmas falsas, así como certificaciones simuladas de experiencia y patrimonio.

Igualmente entregamos información con la cual se demostró que esta empresa participó con otras como adjudicataria de contratos en varios municipios de la Costa Atlántica y en el Eje Cafetero por más de 250 mil millones de pesos, presentando certificaciones falsas.

Muchas de las obras adjudicadas quedaron sin terminar, entre ellas, colegios, vías, acueductos, alcantarillados, escenarios deportivos y espolones.

De las denuncias mencionadas dimos amplia información documentada a los organismos de control, sin que hasta el momento, seis años después, se conozcan resultados de los procesos.

En este caso, la empresa surge de una banda musical, pero el segundo evento, que relato enseguida, es aún más escandaloso.

El señor Óber Torres es un humilde conductor residente en Carmen de Bolívar. Se vinculó como empleado de Ottomar Lascarro y, a partir de allí, comenzó su desgracia. Este conductor hoy es víctima de procesos judiciales por actuaciones que no realizó, como quiera que fue suplantado con su cédula y su firma en la creación de la empresa Lastor Construcciones SAS. Perdió el subsidio de su hijo, quien además no pudo matricularse en la universidad, y la Dian le está cobrando 55 millones de pesos, con grave perjuicio para él y para su familia. Además, la Unidad para Atención y Reparación Integral de Víctimas, donde figuraba como desplazado, le suspendió la entrega de la atención humanitaria que recibía.

Presentó una denuncia en la Fiscalía del Carmen de Bolívar contra Ottomar Lascarro el 7 de junio de 2019, que duerme el sueño de los justos en los anaqueles de este organismo, por lo cual formuló una queja en la Procuraduría.

Ottomar Lascarro es uno de los que aparece fuertemente comprometido ahora en la contratación de Centros Poblados con MinTic, a través de las empresas Olt Constructores, Olt Logistic y Lastor Constructores.

En esta red de corrupción aparece también su hermana Tatiana Zenith Lascarro, exfuncionaria del Icbf, vinculada como socia de la empresa Intec de la Costa, partícipe con un 15 % del consorcio Centros Poblados.

Teniendo en cuenta el señalamiento que se ha hecho de Emilio Tapia como el cerebro del aterrador desfalco, puede inferirse la confluencia de los carteles de la contratación de Bogotá y la Costa Atlántica, los cuales ya montaron nuevo centro de operaciones en Medellín.

Llama la atención que Ottomar Lascarro se encuentre actualmente residenciado entre Medellín y Rionegro, desde finales del 2020.

Post Scriptum: ¿Cuál es la relación de algunos congresistas con Ottomar Lascarro y Emilio Tapia?

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