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En Colombia se han producido desde el inicio del paro graves violaciones de los derechos humanos, se afirma en el informe presentado por Human Rights Watch. Allí se describe una serie de actos, que son claramente violaciones de los derechos humanos realizadas por actores del Estado.
Ahora bien, cuando se producen este tipo de violaciones de los derechos humanos, resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se activan mecanismos de intervención de organismos que la comunidad internacional ha creado para enfrentar estos problemas y para evitar que la confrontación y la violencia escalen. Esto es lo que está haciendo la CIDH mediante la intervención denominada “visita de trabajo”.
El gobierno de Colombia ha perdido su legitimidad a los ojos de la comunidad internacional debido a la violencia extrema con que ha actuado frente a los manifestantes. El concepto de legitimidad juega un papel central al juzgar este tipo de intervención. Los Estados legítimos tienen un escudo moral protector, un derecho a no ser intervenidos. Colombia lo perdió porque el Estado ha actuado mediante actos impermisibles de coerción contra sus propios ciudadanos. La pregunta es entonces frente a quienes rechazan la “visita de trabajo”, ¿si estos organismos creados por la comunidad internacional, en el marco de un derecho internacional basado en los derechos humanos, deben intervenir o no en los asuntos internos de un Estado?
La moralidad de la intervención negocia la tensión entre dos puntos opuestos. Por un lado, existe el impulso moral de intentar prevenir las crisis humanitarias. Esta posición se basa en un universalismo moral o cosmopolitismo. Por otro lado, las intervenciones de organismos internacionales se consideran inadmisibles. El monopolio de la fuerza que el Estado realiza sancionando a aquellos que violan las leyes, no permite que otro Estado u otra instancia supraestatal ejerza este poder, investigue, responsabilice. Esta postura es denominada estatista.
El bamboleante gobierno de Duque asumió primero una posición estatista y dijo que se investigaría internamente y que después podría venir la CIDH. Luego, por la presión internacional sobre Colombia –económica– saltó al cosmopolitismo y aceptó la visita de la CIDH para monitorear las violaciones graves de los derechos humanos. Finalmente vemos que se está cocinando lo que se denomina “la solución colombiana” a los problemas: no negociar, agotar el movimiento, otorgar algunas concesiones a sectores como estudiantes, docentes, camioneros y vagas promesas de reformas. Emilio Archila es un mago para esto.
Grave es el entrampamiento a la CIDH en medio de un procedimiento condenable que alía la mala fe, la violencia y la astucia: comisionar a Alejandro Ordóñez, “encarnación de la inmoralidad”, participante en una quema de libros —García Márquez, Rousseau, Marx, una Biblia protestante—, del trabajo permanente con la CIDH, es como poner a Torquemada a vigilar un campo de concentración nazi para evitar torturas. De esta forma, el presidente Duque les da un portazo a las instituciones universalistas de los derechos humanos y tranca las fronteras del Estado contra cualquier intervención de la comunidad internacional
