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El progreso económico y social de nuestro país en lo corrido del siglo XXI ha sido asombroso. Con diecinueve años continuos de crecimiento económico y un fortalecimiento de las redes de protección social, el porcentaje de la población en condición de pobreza pasó del 50 % del total en 1999 al 27 % en 2018, y el de pobreza extrema del 22 % del total al 7 % en el mismo periodo. Igualmente, la desigualdad en la distribución del ingreso, medida a través del coeficiente de Gini que toma valores de 0 a 1 y en donde valores más altos representan mayor desigualdad, pasó de 0,60 en 1999 a 0,52 en 2018.
Como consecuencia de este progreso, el país hoy cuenta con una clase media consolidada equivalente al 30 % de la población que, desde 2014 y por primera vez en nuestra historia moderna, es superior al total de pobres en el país. Esto es una muy buena noticia, porque una clase media consolidada, más educada y con mayores ingresos, es un motor del crecimiento económico a través del consumo de los hogares, el componente más importante de la demanda en cualquier país, incluido Colombia.
No obstante, la reducción de la pobreza también ha generado un aumento de la clase vulnerable, un 40 % de la población que, si bien ha superado la línea de pobreza, continúa en riesgo de regresar a ella ante choques externos o internos que deterioren sus ingresos. Estos 20 millones de colombianos sienten, con razón, que el progreso de nuestro país ha sido insuficiente para garantizarles una educación de alta calidad, un empleo formal y una pensión durante su vejez. No sorprende entonces que en nuestro país también se hayan presentado masivas movilizaciones sociales, replicando lo observado en los últimos años en varias latitudes, con los jóvenes como protagonistas demandando precisamente eso, mejor acceso y calidad a la educación, empleos mejor remunerados y más estables, así como garantías de acceso a una pensión digna.
Estas demandas, absolutamente razonables, chocan muchas veces con intentos de reforma que pretenden cambiar el statu quo, pero que por desinformación o errores de comunicación son malinterpretadas y abandonadas ante el menor asomo de agitación social. ¿O será que a alguien le cabe duda de que es absolutamente necesario reformar un sistema pensional que hoy apenas cubre al 25 % de la población elegible y que dedica el 74 % de los subsidios al 40 % de los hogares con mayores ingresos?
En este sentido, el reto fundamental consiste en construir consensos alrededor de objetivos de país que permitan continuar con el progreso observado en lo corrido de este siglo. Tres objetivos sobre los que no debería haber mucho disenso son: crecimiento económico (C), desarrollo sostenible (D) y equidad (E). Bajo este lente, la reforma pensional debe avanzar en equidad (E) aumentando sustancialmente la cobertura y focalizando los subsidios en los más vulnerables. La reforma laboral debe impulsar el crecimiento (C) y la equidad (E) propendiendo por una reducción sustancial de la informalidad laboral, que hoy supera el 60 % del total de los trabajadores. Asimismo, deben profundizarse los esfuerzos por mejorar la calidad y pertinencia de nuestra educación, el instrumento más poderoso para reducir la desigualdad (E).
Finalmente, la política tributaria debería continuar avanzando en contar con un esquema tributario más progresivo para las personas (E), con tarifas planas y sin exenciones sectoriales para las empresas (C), y profundizando los impuestos verdes (D), contribuyendo así a una cancha de juego más equitativa que permita disminuir de forma categórica las grandes desigualdades que aún persisten en nuestro país. Solo así podremos continuar reduciendo la pobreza y la clase vulnerable, consolidando una clase media cada vez más sólida que continúe siendo el motor de una economía en capacidad de dar el salto hacia el desarrollo económico sostenible.
