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La confusión sobre los estándares internacionales aplicables en Colombia en materia de justicia es extendida, no porque los estándares sean confusos, sino porque no gustan y han sido distorsionados.
Sería mucho más fácil transar cualquier cosa – incluyendo perdón y olvido – si no fuera por el derecho internacional de los derechos humanos. Efectivamente: en ausencia de límites políticos y éticos, el derecho internacional de los derechos humanos asegura algunas demarcaciones. ¡Afortunadamente!, digo yo. Otros no concuerdan.
¡Qué triste tener que recurrir a los mínimos establecidos por los estados en materia de derechos humanos para dar una discusión que debería estar demarcada por posturas éticas y de política digna! En la medida en que el debate versa sobre la manera como la sociedad buscará encarar el régimen de atrocidad que se instaló en el país, esperaría que las respuestas no surgieran de la pereza, del atajo o, peor aún, de la ocultación.
Desafortunadamente, todo parece indicar que las partes interesadas en el asunto, al menos las que tienen el poder, no tienen mucho interés en abordar las atrocidades y sus implicaciones. Es más fácil seguir bajo el manto de la negación. Las otras partes interesadas, las que no tienen poder – las víctimas – claman verdad, justicia y reparación, porque quieren que se les reconozca, que se registre su desolación, que los actos sufridos sean condenados, y que la violencia no se instale como sinónimo de poder.
Justamente, ante un discurso público tan cargado de víctimas, esperaría uno que las decisiones no se fueran por lo bajo. Pero todo parece indicar que ahí se quedarán: en lo bajo, sin ética y sin interés público.
Con alarma y desazón se reciben los mandatos del derecho internacional. La réplica escandalizada sale como pregunta arrogante: “¿Cómo pueden esperar que se investiguen todas las violaciones graves de los derechos humanos”?
Si comparte esta indignación, imagínese Usted siendo la madre de una joven desaparecida a quien le dicen, después de 10 años de desvelo, que su caso no será uno de los seleccionados para hacer justicia, que no le tocó, que se aguante y que no pasa nada.
Los contenidos del derecho internacional no son tan irracionales, ni inviables. Son de difícil cumplimiento, pero quién dijo que era fácil superar un legado de violencia masiva y sistemática. ¿Quién cree que mediante borrón y cuenta nueva nos reconstituiremos en un pueblo tolerante y sin remordimientos? ¿Quién cree que la responsabilidad es irrelevante? ¿Quién le va a decir a la madre que deje de buscar a su hija?
Lo que hace el derecho internacional es marcar unos límites, mínimos, incomodos, pero que no se pueden obviar. Están ahí, justamente, para ser utilizados en momentos como este, cuando “la confusión reina terriblemente en la atmósfera” (R. González) o cuando “la justicia vale menos que el orín de los perros” (L. Felipe).
Lo cierto es que los límites son claros, aunque no gusten. Incluso en el afamado caso de El Mozote, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió en 2012 – aunque se rieguen noticias falsas – que la paz no lo justifica todo y que la amnistía en El Salvador no fue aceptable. Por eso, estableció la responsabilidad del estado y le ordenó investigar la masacre, así como todos los otros hechos que constituyen graves violaciones.
Guste o no guste: hay límites a lo que se quiere transar.
