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Es una tentativa de homicidio, en las actuales circunstancias de vulnerabilidad de la gente frente a los efectos de salud y hambre por el coronavirus, que haya quienes, mediante actos de corrupción, compran y reparten lotes de alimentos vencidos (de 2015 y 2016), cotizan e inflan valores de artículos esenciales de la canasta familiar, venden tapabocas y pruebas inservibles. Pero ocurre. Lo corroboran la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que denuncian irregularidades en contratos por 136 mil millones. Entre los presuntos responsables: un ministro, un alcalde y cinco gobernadores.
Latas de atún a 20 mil pesos. Empresas de colchones repartiendo mercados. Asesorías pedagógicas en higiene por valores exorbitantes con empresas sin experiencia ni objeto social afín. Galería de torcidos que desnuda una corrupción histórica, pero que en las condiciones de la pandemia es más criminal, arrojada y condenable que nunca.
Y no pasa solo en Colombia. En España se destapó la distribución de 700 mil tapabocas defectuosos y de test rápidos para coronavirus de gran imprecisión. Todo ello afectó la contención del virus dado que dejó desprotegidos a miles de ciudadanos y afectó el rigor en la detección de infectados. Ayer, los españoles ya sumaban 223.759 casos de covid-19 y 23 mil muertos.
Aunque pareciera impensable que en estas circunstancias de debilidad y emergencia global puedan brotar estas conductas, los hechos muestran funcionarios convertidos en burdos mercaderes incapaces de la solidaridad y el respeto por los ciudadanos y los cada vez más menguados recursos públicos. Por eso son necesarias e indispensables la vigilancia de las entidades de control y las denuncias ciudadanas. Que se obre con verticalidad contra estos caraduras.
Crecen en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, entre otras ciudades, las filas de hambrientos y desempleados. En barrios no solo de estrato 1, sino del 2, 3 y 4. La crisis derriba empleos y agota las mínimas reservas económicas de las que disponen hogares donde el ahorro es un privilegio poco habitual.
Ni qué decir de la población que vive del sustento diario e informal, y de los cientos de miles de venezolanos que subsistían en la mendicidad y el rebusque, en las cuatro esquinas de Colombia.
Por eso resultan más ofensivos y condenables estos funcionarios y contratos chuecos, frente a los que se deben esperar no actos de publicidad y politiquería, sino control y justicia efectivos. En especial, porque la solución global de esta crisis, se advierte, será de un plazo largo. Que por una vez se persiga y castigue en firme la corrupción.
