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Publicado el 26 de septiembre de 2019

LA CORRUPCIÓN NOS ROBA A TODOS

Por Armando Estrada Villa
aestradav@une.net.co

Permanentemente, los colombianos recibimos noticias sobre actos de corrupción, que tienen elevado costo para el erario y la calidad de vida de los colombianos. Odebrecht, la Contraloría de bolsillo, el cartel de la toga, Reficar, Salucoop, el carrusel de la contratación en Bogotá, el cartel de la hemofilia, entre muchos otros, integran la lista de casos emblemáticos de la comisión de los delitos que configuran la corrupción: peculado, concusión y cohecho, de manera principal.

La corrupción significa abuso de la función pública para obtener un beneficio personal ilegitimo, privado y secreto, en detrimento del interés colectivo. Implica la utilización de cargos, autoridad y recursos públicos para el enriquecimiento personal, de parientes, amigos o copartidarios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones en beneficio del corruptor. Por tanto, se presenta apropiación de recursos públicos, sean decisiones, medios económicos o humanos e información reservada, en rédito privado del funcionario corrupto. Además, la conducta venal del servidor público es contraria a las normas que prohíben ese comportamiento.

La legislación nacional con el Estatuto Anticorrupción, el Código Penal, la Ley de Partidos y Financiación de campañas, el Estatuto de Contratación Administrativa, el Código Único Disciplinario, la Ley del Contador Público y los artículos 107, 108 y 109 de la Constitución Política, como también la legislación internacional contenida en las convenciones Interamericana contra la Corrupción de 1996 y la de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, traen normas suficientes para atacar este flagelo. Sin embargo, es notorio el incumplimiento de esta normatividad. Baste decir que, según la Corporación Excelencia a la Justicia, en los años 2016 y 2017 se presentaron 20.590 denuncias por corrupción y solo 283 sentencias, lo que significa que solo el 1.37 % de los casos tuvo fallo.

Impunidad, falta de sanción social, cultura del atajo y todo vale, opacidad en la información, ambiente político que no ejerce presión moral, financiación sin control de las campañas políticas, afán de dinero fácil y rápido, ley del menor esfuerzo, ineficiencia institucional, debilidad del sistema de pesos y contrapesos, creciente el poder del Gobierno, desprecio por la honestidad, precaria formación ética y desconocimiento de que el trabajo debe ser la única fuente de enriquecimiento, son factores que facilitan la corrupción. La acción conjunta de estos elementos provocó que, en el índice de Transparencia Internacional, donde 0 de calificación es muy corrupto y 100 muy honesto, Colombia bajara de 2017 a 2018 un punto en la calificación y tres en escalafón, al quedar con 37 puntos ubicado en el puesto 99 entre 180 países estudiados.

De allí, sus efectos nocivos: pues mientras que los funcionarios corruptos se enriquecen, implica pérdida de recursos (50 billones de pesos cada año), impide el desarrollo, desalienta la inversión, debilita la democracia y el Estado de derecho, degrada la credibilidad en el Gobierno, la justicia, la clase política y las instituciones, alimenta la desigualdad y la injusticia, excluye a los más necesitados de servicios básicos, genera baja eficacia, eficiencia y productividad en el Estado, produce atraso y pobreza y corroe los valores éticos y sociales. Dadas estas consecuencias, Kofi Annan la llamó plaga insidiosa, fenómeno maligno.

Y es por estos efectos nefastos que se puede afirmar que la corrupción es un robo a todos los colombianos, ensañado en los más pobres.

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