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Quien lee las severas advertencias de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las negociaciones en La Habana, tuvo alguna oportunidad de escuchar a su antecesor, el argentino Luis Moreno Ocampo en Colombia, o a César Gaviria afirmar que no cree que la Corte Penal Internacional sea el “primer enemigo de la paz en Colombia” se asombrará si lee el reportaje de una reunión entre Lionel Barber, un editor del Financial Times, y el presidente saliente de dicha corte (“Lunch with the FT”: Sang-Hyung Song, marzo 15 de 2015) en la que se advierte que la CPI es un león sin dientes y que el desarrollo del tratado de Roma es más una aspiración que una realidad. Esto contrasta con el criterio dominante en Colombia que ve a la Corte como una institución consolidada e inexpugnable, capaz de imponer su regla e impedir la paz.
En la introducción de su reportaje, Barber recuerda que la CPI se estableció en 2002, después del genocidio en Ruanda y de la “limpieza étnica” en la antigua Yugoeslavia, y que la CPI tiene aspiraciones encomiables de ponerle fin a la impunidad y hacer responsables a países enteros y a sus líderes de crímenes de lesa humanidad y otras atrocidades, pero que la realidad es más prosaica : “la CPI es una frágil institución joven que opera en un mundo ‘hobbesiano’ en el que el poder supera usualmente al derecho”. El reportero le pregunta al presidente de la Corte, Sang-Hyun Song, si deberíamos tomarla en serio teniendo en cuenta que los Estados Unidos, Rusia y China no han suscrito el Tratado de Roma y que en los 15 años de existencia de la Corte solamente se ha juzgado a gente de raza negra y condenado solamente a dos de ellos.
Añade que la CPI tiene un presupuesto de un poco más de 100 millones de euros pero no tiene poder para arrestar, no cuenta con una fuerza de policía, ni capacidad de recolectar inteligencia y depende de la buena disposición de gobiernos miembros para poder actuar; y que “el largo brazo de la CPI está frecuentemente atado a su espalda”. Las investigaciones y los juicios pueden tomar años. La protección de testigos es costosa y muy exigente en tiempo y cuidado. “Hasta la escogencia de las víctimas es difícil, especialmente en casos de crímenes de guerra”.
El presidente de la Corte concede que Barber puede estar en lo cierto pero dice con razón que “a pesar de todos los obstáculos y limitaciones la CPI ha tenido un fuerte impacto en la dirección de paz, estabilidad, derechos humanos y el imperio de la ley”, pero que “nada es fácil para la CPI”. El reportaje confirma esto último diciendo que han querido procesar al líder sudanés Al-Bashir, pero que todavía anda suelto en África, a pesar de que los gobiernos no lo dejan moverse con la misma tranquilidad que exhibía antes. Esto le da confianza a Song, aunque todavía no es claro que la Corte tiene la capacidad de montar válidamente casos contra líderes de ese continente, “como lo demuestra lo sucedido con el presidente de Kenya al que la CPI tuvo que retirarle cargos por falta de pruebas”.
El resto del reportaje refuerza la idea de que la CPI está todavía en una etapa en la que tiene que negociar con los países, las comunidades y hasta con remotas aldeas en el centro de África para poder avanzar en su búsqueda de justicia, y que no está en capacidad de hacer exigencias e imponer reglas en alguna parte. Song admite que su tarea no ha sido “misión imposible” pero sí “misión difícil”. Colombia tiene que tomar atenta nota de estos antecedentes. Valdría la pena que Eduardo Pizarro y la Cancillería informaran si van a negociar con la CPI como lo hacen las tribus africanas con evidente éxito.
