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Por Johel Moreno Sánchez
La calificación BBB+ que Fitch Ratings de Colombia S.A. mantuvo de EPM durante cuatro años antes del 2017 para evaluar aspectos económicos y financieros, es un asunto del pasado porque hoy se encuentra en BBB-, calificación que corresponde al séptimo escalafón de la metodología de Fitch y “a un paso de las notas consideradas especulativas”.
Y la razón de tan baja calificación se inició con el colapso del GAD, seguida de la funesta intervención del alcalde Quintero en la gestión, lo que representó un deterioro de los controles de gobierno corporativo de la empresa. Y también la “Observación Negativa” sobre los bonos globales que EPM emitiera internacionalmente por USD $750 millones, con vencimientos en 2027 y 2031, que originó una caída en dos puntos porcentuales y que según el equipo de profesionales de riesgos de EPM, significó una pérdida de millones de dólares en el portafolio de los inversionistas del Grupo. La contingencia de Hidroituango en 2018 en la matriz de riesgo, pasó de una valoración de “riesgo alto” a “riesgo extremo”. Y de los 14 identificados de máximas consecuencias para el grupo, 7 de ellos tienen una “muy alta” probabilidad de ocurrencia y 4 en una “alta”.
Pero lo que no estaba en el libreto era sumarle más riesgos e incertidumbre a la matriz como fueron las demandas presentadas contra los contratistas de Hidroituango, y a la compañía aseguradora ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, capítulos inéditos de una película ordenada por el alcalde Quintero y de final incierto.
También el contrato Boomt suscrito con la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., ya incumplió Hitos contractuales inmodificables, pero más importante aún, serán las consecuencias que esos pleitos podrían causar a una obra vital para la economía del país.
