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Este domingo 19 de junio es la segunda vuelta presidencial en Colombia entre los dos candidatos más votados en la primera, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, y el voto en blanco, para aquellos ciudadanos a quienes no los convenza ninguna de las dos opciones en disputa; como sucede casi siempre en las segundas vueltas, la opinión tiende a dividirse entre las dos opciones y, en ocasiones, a reflejar una polarización entre sectores de opinión partidarios de uno u otro candidato —que no necesariamente es entre todos los ciudadanos—. Los últimos sondeos de opinión, hasta cuando entró en vigencia la veda de información de encuestas, daban un virtual empate técnico entre los dos candidatos, lo que puede sugerir un resultado muy apretado.
La primera gran prueba de madurez democrática la tendremos con la participación de los ciudadanos en el certamen electoral, que ojalá sea masiva y dentro de las garantías que se ofrecen a todos los electores para expresarse. Ya vimos en la primera vuelta un incremento de la participación electoral, tendencia que ojalá se mantenga para esta segunda vuelta.
La segunda prueba está en la decisión de los dos candidatos y de sus campañas de aceptar los resultados —cualquiera que ellos fueren— o, si tienen impugnaciones, acudir a los mecanismos legales existentes y acatar los fallos que se produzcan por las instancias competentes. Esto también es válido para los seguidores de las dos candidaturas, especialmente a lo que algunos han denominado “las barras bravas” de cada uno, que tienden a creer que sus deseos normalmente se deben volver realidades. En esto es fundamental la actitud de los propios candidatos en relación con los resultados, especialmente si la diferencia es estrecha, porque eso puede marcar la pauta de los demás.
La tercera, pero no menos importante, es entender y asimilar que una elección no es sinónimo de una guerra entre enemigos, que no se trata una catástrofe para el país si gana una u otra opción, ni “saltos al vacío”, como lo denominaron algunos, sino una disputa entre adversarios con distintas posiciones y propuestas políticas. Ahora bien, como nos encontraremos, una vez finalizada las elecciones, en una sociedad dividida en dos grandes campos, es fundamental el inicio de acciones tendientes a construir puentes de diálogo entre los dos bloques —la iniciativa debe venir del lado vencedor, preferiblemente—, no para desconocer los resultados, sino para construir y formalizar en lo posible canales de diálogo y de relacionamiento. Lo ideal sería que se avanzara en una especie de “diálogo nacional” entre los dos campos para tratar de avanzar en consensos —especialmente en políticas públicas estratégicas— y en tener una relación gobierno-oposición razonable y dentro de reglas de juego precisas y respetadas; en esos acercamientos podrían jugar un rol de facilitadores y garantes algunas universidades, como la Nacional, la Javeriana, el Externado, los Andes, para mencionar solo algunas. Esto marcaría claramente una diferencia de nuestra democracia, un antes y un ahora, acerca de cómo funcionarán tanto el nuevo gobierno como las fuerzas de oposición.
La cuarta es el funcionamiento institucional, que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cumplan a cabalidad su cometido —pueden, eventualmente, cometerse errores, pero así mismo deben tener la capacidad de reconocerlos y corregirlos—. Que la fuerza pública, como corresponde en una democracia, respete y acate igualmente el resultado de los colombianos en las urnas y se disponga a colaborar al máximo con el nuevo gobierno en sus políticas. En fin, que las demás instituciones sigan ese mismo camino, como lo dispone la normatividad.
Si logramos eso, independientemente de a quién elijamos los colombianos como el nuevo presidente, habremos avanzado mucho en fortalecer nuestra democracia y ese sería un triunfo para todos nosotros.
