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No puede funcionar ningún sistema de gobierno mientras se pretenda sustituir las instituciones y los instrumentos formales y básicos en estos tiempos de deslumbramiento informático. El uso habitual de las llamadas redes sociales con la creencia engañosa de que facilitan y agilizan las relaciones entre gobernantes y ciudadanos acelera la desinstitucionalización. Gobernáutica y gobernauta son dos palabras que, sin estar incorporadas al Diccionario, como neologismos tienen suficiente poder de significación. Gobernautas son hoy en día muchísimos individuos investidos de funciones públicas. En América Latina el concepto y la práctica se han afirmado en los años recientes, tanto en los gobiernos nacionales como en las alcaldías.
Nuevas formas de gobernar en tiempos de redes sociales es el título de un libro coordinado por Mario Riorda y Pablo Valenti, con auspicios del BID. Ellos y el grupo de investigadores de ese think tank sostienen que “va apareciendo un nuevo gobernante porque existe un nuevo ciudadano”. Para ellos, “estamos en plena transición, desde las burocracias tradicionales, hacia modelos basados en una gestión compartida, junto a la gente”. Una de sus principales conclusiones consiste en que “saber aprovechar el potencial de los nuevos medios sociales y escuchar mejor a los ciudadanos es lo que irá conformando el nuevo organigrama de la gestión pública”. Y tal parece que los gobernautas serán o ya son los nuevos líderes.
Así creo que se explica la presencia activa de alcaldes y presidentes híbridos, llegados de la escuela política tradicional y de la afición por la internet. Pues claro que en Colombia estamos notando esas figuras. Son políticos de la clase de los mismos con las mismas, pero animados por la simpatía o la adicción irresistible a la red de redes, sobre todo a Twitter, que se ha exaltado a la categoría de instrumento primordial de gobierno, por fuera y por encima de la Constitución y las leyes y de todo el marco de normas del derecho administrstivo. Los simples ciudadanos han o hemos sido impelidos a admitir que valen más los trinos a cualquier hora que los decretos, resoluciones o decisiones que se expidan con ajuste a los procedimientos formales. Hasta las providencias judiciales quedan dotadas de validez cuando se expiden o sintetizan por Twitter y poco importa si después se notifican de modo regular.
Asistimos a una oleada tremenda de informalidad desinstitucionalizante, en lo nacional y lo municipal. Hay una inmensa laguna jurídica. Las regulaciones son mínimas y apenas incipientes. ¿Será una moda pasajera o se consolidará como cuerpo normativo que sustituya toda la tradición legislativa y jurisprudencial? Estudiantes, profesores de Derecho y abogados y, por supuesto, politólogos, tienen ahí materia interesantísima de investigación y motivo suficiente para espabilar y elaborar dictámenes orientadores. Mientras tanto, no nos extrañemos con las arbitrariedades, los abusos y descaros y las distorsiones diarias y nocturnas en que están incurriendo los hinchas de la gobernáutica, los gobernautas investidos de autoridad por la ingenuidad o la tontería de millones de electores
