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No es moralismo político y es claro que no existen delitos de sangre, pero definitivamente el actual Congreso se hunde en la peor situación de desprestigio que produce su involucramiento en la corrupción y los nexos de muchos parlamentarios con delincuentes. Me he referido ya a los problemas éticos y probablemente jurídicos de Jennifer Arias y de Juan Diego Gómez. Ahora tenemos otro escándalo de corrupción en el Congreso, un asunto casi que semanal.
Por orden del magistrado César Reyes, de la Corte Suprema de Justicia, el senador Richard Aguilar, hijo de Hugo Aguilar, condenado por vínculos con paramilitares, fue capturado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado por apropiación. Las actuaciones irregulares se habrían cometido en su ejercicio como gobernador de Santander (2012-2015). Verdad. No hay delitos de sangre, pero parece que “la sangre tira”.
Se ha convertido en una práctica común renunciar a la curul en el Congreso como lo hizo el senador Aguilar y lo han hecho otros aforados. Adujo hacerlo por respeto a la dignidad del cargo, pero se trata en realidad de seguir una estrategia jurídica a fin de eludir la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué congresistas investigados como Uribe Vélez y los exrepresentantes a la Cámara Prada y Pulgar, renuncian a que los procese la Corte Suprema de Justicia y a que sus investigaciones las conduzca la Fiscalía? ¿Sus decisiones son racionales o están orientadas por intereses personales? ¿Puede un parlamentario, que es una persona con funciones políticas, renunciar al fuero que posee para ser investigado y juzgado por la Corte Suprema? En principio no debería poder hacerlo. La condición de parlamentario no solo otorga fuero para ser investigado y juzgado por esta corporación, sino que es también un privilegio. Su actuación se rige por unos procedimientos distintos de los que rigen para el común de los ciudadanos.
La práctica de renunciar a este fuero se está dando debido a situaciones políticas y jurídicas muy especiales, que tienen que ver con que la Fiscalía de Francisco Barbosa se politizó. Cuando esto sucede con la justicia surge una política específica de destrucción, desgracia y desprestigio de los enemigos o de favorecimiento de los amigos. En los juicios políticos, “las ruedas de la justicia y sus mecanismos de enjuiciamiento se ponen en marcha en aras de objetivos políticos” que van más allá del interés normal del Estado por mantener el orden existente (Kirchheimer).
Cuando la justicia se politiza desaparece la justicia legal, que es equidad, imparcialidad, una disposición a darle a cada uno lo que se merece. Lo que está sucediendo con el desconocimiento que hace la Fiscalía de las prácticas y pruebas que recopiló la Corte Suprema y que incriminan a los mencionados aforados, es expresión de una justicia espectáculo en la cual la apariencia de legalidad no es más que una ficción, porque el resultado está determinado previamente. El forum shopping de los aforados
