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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 06 de abril de 2021

La Fiscalía y la politización de la justicia

La Fiscalía General de la Nación, primero bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, y ahora de Francisco Barbosa, ha abandonado la justicia legal para entrar en el escabroso camino de la justicia política. En el caso del “entrampamiento” y de las órdenes para interceptar a negociadores de paz se pudo apreciar cómo la artillería pesada de la Fiscalía se utilizó para intentar destruir el Acuerdo Final y la JEP. El fiscal Barbosa, el autoproclamado como el mejor de la historia, ha decidido intervenir judicialmente en la política, usando la entidad, para afectar la candidatura de Sergio Fajardo, imputándole el dudoso cargo de no haber previsto la volatilidad del dólar, y para impedir la continuación del ejercicio en su cargo a Aníbal Gaviria, al imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, negándole que se privilegiara la libertad del procesado mientras se investiga.

Pero para hablar de aquellos que le han doblado el espinazo a la ley hay que comenzar con el maestro: Fouché recibió en 1815 el encargo de hacer una lista de personas que serían proscritas. No se incluyó a sí mismo. Los procesos judiciales conocidos como las purgas de Stalin en 1930 se desarrollaron con un resultado predeterminado, la condena previa de los acusados. Tanto Fouché, como Andrei Vishinsky, el procurador general de Stalin, eran claramente más responsables criminalmente que muchos de los acusados.

En los juicios legales, el poder judicial debe estar aislado de las otras ramas del gobierno, los jueces deben ser imparciales en su interpretación de la ley, la justicia legal debe acogerse a los principios del debido proceso y la Fiscalía debe ser autónoma y no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de ningún político por poderoso que sea. En el juicio penal, que es el instrumento para determinar la verdad de los cargos presentados contra el acusado, alcanzar la verdad presupone que las pruebas obtenidas no se consiguieron violando los derechos constitucionales del acusado. La búsqueda de la verdad debe, pues, respetar la dignidad y la autonomía del acusado. En los juicios políticos, por el contrario, la justicia legal puede adoptar la forma de un juicio orquestado en el que la apariencia de legalidad no es más que una ficción, porque el resultado está determinado previamente.

Lo que parece pretender Barbosa con la imputación a Fajardo, a pocos meses de una elección presidencial, es eliminar a un oponente político. En el caso de Gaviria utiliza la estrategia de un juicio político para destruir la carrera de un posible oponente político a los futuros intereses del Centro Democrático. Procura convertir en criminal una parte de la trayectoria de la vida política de los dos imputados para ponerla bajo el fuego de sus enemigos y el nefasto poder de las redes sociales. Lo que así destruye el fiscal es el núcleo del Estado de derecho y de la democracia, en el cual la justicia es el compromiso de obedecer las leyes, respetar los derechos y aceptar las obligaciones bajo un sistema de principios

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