Por Luis Fernando Agudelo *
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El modelo de gestión pública de Medellín incluye además de foto de la administración municipal a 38 entidades adicionales que son vigiladas por la Contraloría General de Medellín, todas suman 105 billones de pesos de activos, 53 billones en pasivos, 52 billones en patrimonio y 36 billones de pesos de ingresos en 2020. Nos hemos acostumbrado a ver la foto de carnet del municipio y no a ver la foto de familia del conglomerado.
Esos activos, se administran por medio de un conglomerado público que ha demostrado ser excesivamente dependiente de la voluntad del alcalde, en lo que al gobierno corporativo se refiere. Esto se refleja en la inestabilidad administrativa de EPM que derivó en la baja de la calificación de la deuda, el cambio del alcance de los objetos sociales y las modificaciones a los controles contenidos en los regímenes de contratación en algunas entidades del conglomerado.
Este modelo de gestión ha llevado a una mayor dependencia de los recursos de EPM para financiar a la administración local. En el año 2017, el 16 % del total de ingresos del municipio se financiaba con esos recursos, en 2020 ya alcanzaba el 23 %. Además, los recursos de EPM que provienen de una actividad empresarial sujeta a los riesgos de operación y regulación, son tratados en la práctica como ingresos ordinarios y, financian todo tipo de actividades que no siempre significan retornos sociales claros como por ejemplo estrategias de aplicaciones digitales o comunicación pública general.
También se depende cada vez más de EPM porque se ha perdido dinamismo en el recaudo fiscal, de hecho, Medellín tenía en 2012 (a precios de 2020) un recaudo de predial pér capita mayor que Bogotá, Barranquilla y Cali, ya para el 2020, Medellín ocupaba la cuarta posición entre esas ciudades. En 2010 (a precios de 2020), Medellín recaudaba de industria y comercio más de 8,5 millones por cada empresa formal y para 2020 ya recaudaba en torno a 7 millones de pesos, lo que significó menos que Bogotá y Barranquilla en valores per cápita.
Si bien el presupuesto de la administración municipal (6,6 billones en 2020), merece mucha atención, las decisiones de financiamiento y enajenación de activos tienen repercusiones para todo el conglomerado. La venta de la participación de EPM en UNE Telecomunicaciones debe verse en ese marco. El Plan de Desarrollo 2020-2023 para referirse a esta venta, utilizó el eufemismo “la Administración adelantará acciones relacionadas con la enajenación estratégica de activos, de tal forma que le permita generar recursos [...] para financiar programas de inversión social y de infraestructura del Plan de Desarrollo” y se estimaron los recursos de ventas y cofinanciaciones por 3,3 billones de pesos.
Sin embargo, ahora la justificación para la venta cambió, y es la situación financiera de EPM. El nuevo destino de los recursos sería para apalancar el plan de inversiones de la empresa sin recurrir a nuevo endeudamiento. Todo ello sin conocer los rangos ciertos de precios de una transacción determinada por el acuerdo de accionistas con Millicom, sin certezas sobre el cronograma de la llegada de los recursos y sin poder dejar explícito en el acuerdo que autoriza la enajenación que, efectivamente se destinará lo obtenido a concluir Hidroituango.
La ciudad que ha dado alivios fiscales comprensibles a algunos sectores golpeados por la pandemia debe hacer una discusión integral del Estatuto Tributario que lo haga más equitativo y amplíe las bases. Además, debe revisar el modelo de gestión actual del conglomerado que permita asegurar la sostenibilidad de su deuda y definir sobre bases ciertas la posibilidad de enajenación de UNE para la que todavía no hay claridades suficientes. En últimas, debe ser revelada la foto completa de la situación financiera de la familia del conglomerado, que depende de la continuidad de las obras de Hidroituango para asegurar el futuro de la ciudad y de la seguridad energética del país
* Director de Medellín
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