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Salieron casi al tiempo un informe de la Defensoría del Pueblo y otro del grupo de congresistas, multipartidista, encabezado por Juanita Goebertus, llamado No enreden la paz. Encuentro diferencias entre los dos. Es muy corto el espacio para escribir sobre algo tan espeso y denso como el acuerdo de paz con las Farc, pero intentemos.
La Reforma Rural Integral es lo más complejo de los cinco puntos que contiene el acuerdo de paz. Solo un 25,37 % ha ingresado al Fondo de Tierras para las familias que no tienen tierra suficiente y el proceso de formalización se ha cumplido en 50 %. El catastro multipropósito, en lo que era más importante avanzar, está atrasado. Lleva apenas el 27,8 %.
El punto 2 del acuerdo, que se refiere a la participación política, está aún más atrasado. Se destaca el tortuoso trámite de las curules de paz, que por fin hoy son una realidad. Pero hay que recordar que muchos gobiernistas en el Congreso decían que esas curules serían para las Farc y todo tipo de deformaciones sobre el mismo tema. Para ver que hasta el hijo de un exparamilitar resultó electo.
En buena hora el punto 3, fin del conflicto, muestra gran avance. Los reinsertados han sido los más beneficiados. Todos tienen seguridad social al día y han recibido todos o casi todos un proyecto productivo a largo plazo.
El punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas, este gobierno lo dejó estático en cerca de 99.000 familias. Ninguna familia ha recibido ningún proyecto de largo plazo. Falta un proyecto de ley sobre exclusión de cocaleros. Se llama tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y cultivadoras, sin lo cual cualquier campesino podría tener que enfrentar a la Fiscalía.
El punto 5, que trata sobre las víctimas del conflicto, tiene una base sólida en las instituciones de la justicia transicional.
Ahora bien, si nos vamos a lo que había que reglamentar vía Congreso, el informe de los congresistas es claro: “De las 107 normas necesarias para la implementación aún están pendientes el 33,6 %”.
Sigamos. Punto 1, reforma rural, “es el más rezagado, con 21 normas pendientes de trámite. Algunas de las leyes más importantes que aún están pendientes incluyen la ley de tierras, la de especialidad agraria, la reforma política, el sometimiento de grupos de crimen organizado a la Justicia, el estatuto de lucha contra el lavado de activos y la reforma a la ley de víctimas. Ninguna de estas fue impulsada activamente por el Gobierno Duque durante este cuatrienio”.
“De los 5,3 billones que el gobierno debía destinar al año para la implementación de los Pdet según el Plan Marco de Implementación”, dice el informe, “solo se ejecutaron al año 170,5 mil millones, es decir el 3,2 % de lo que se necesita para cumplir con lo acordado. La situación es especialmente grave en la subregión Pacífico Medio, en la que se ha invertido tan solo el 2,3 % de lo requerido”.
“De las 9.263.826 víctimas registradas, solo el 16,5 % han sido indemnizadas. Al ritmo al que vamos nos tomará 61 años”, advierten
Y a esto suménle el escándalo de los Ocad Paz, que, además del escándalo, aparentemente es una traición al ejercicio participativo fundamental para los Pdet.
El Sistema Integrado de Información para Posconflicto (Siipo) es fuente de muchas confusiones e inconsistencias. El primer punto marca avances en 60 %. El segundo, en 45 %. El tercero ha avanzado 67 %. El cuarto muestra 67 %. El quinto, el 58 %. Los porcentajes de avance no son reales y la información no tiene consistencia (tomado del informe).
La tasa de homicidios hoy afecta especialmente a los municipios Pdet. Entre 2017 y 2021 esa tasa aumentó en 38,9 %. Hubo en el mismo periodo un aumento del 44,4 % en homicidios a líderes sociales. Aumentó el número de masacres en 278,9 %. El número de firmantes de la paz asesinados llega a 315.
Este cuatrienio es un fracaso para la paz y si están pensando en hacer un nuevo proceso, lo más importante es implementar el acuerdo que tenemos
