Por Eliseo Mejía Fernández
Para los que nos formamos el siglo pasado en disciplinas jurídicas, era claro que solo una justicia independiente podía brindar certeza a la hora de determinar las responsabilidades y las consecuencias sobre hechos cometidos por una persona, o sobre las omisiones punibles en el caso de los funcionarios públicos. Si un funcionario de altas responsabilidades frente a la sociedad defraudaba su juramento de apego a las leyes y de transparencia en el manejo de los recursos públicos, era la justicia penal (además de la disciplinaria en cabeza de la Procuraduría, y la fiscal de la Contraloría, que no son autoridad judicial) la que decía si ese servidor público entraba a la denigrante categoría de corrupto o no.
Los tiempos corren, la jurisprudencia fluctúa según el poder del investigado y, sobre todo, lo peor es que ahora los entes de control por lo general permanecen pasivos y no definen responsabilidades ni aplican sanciones. A lo sumo, llegan a declarar el cierre de investigaciones por motivos jurídicamente extravagantes.
Decirle “corrupto” a un funcionario de elección popular que no ha sido condenado por la justicia entraña no solo un riesgo legal para quien lanza la acusación, sino que, en caso de que fuere falsa la aseveración, lesiona el buen nombre y la honra del aludido. Pero otras veces hay fundadas sospechas, incluso documentales, sobre la falta de probidad del mandatario, caso en el cual la ley ofrece una posibilidad de defensa denominada “excepción de verdad”, que ampara en especial a los periodistas.
Nos dolemos, con razón, de la incuria de la justicia y de los entes de control. Ante numerosas evidencias de torcimiento a las leyes (las jurídicas y las morales) permanecen impasibles, en una inactividad que se transforma en complicidad, ratificada cuando se ve cómo los encargados de esos entes de control son elegidos por los mismos políticos a quienes tendrían luego que investigar y sancionar.
