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El Acuerdo de La Habana que obtuvo para Juan Manuel Santos su ambicionado Premio Nobel, dejó a Colombia embarcada en un defectuoso y peligroso acuerdo con las Farc. Dicho acuerdo, prácticamente, aceptaba la impunidad de esos narcoguerrilleros a cambio de poco, o nada. Hasta ahora, con pocas excepciones, no ha sido más que una cadena de fiascos.
Lo más importante del acuerdo, naturalmente, era la entrega de armas de las Farc; algo que hicieron, parcialmente, con toda clase de fanfarria, y la promesa de no volver a tomarlas, algo que fracasó estruendosamente con la conformación de las disidencias, cada día más numerosas. Hoy son más de 5 mil hombres, bien armados y con abundante dinero a su disposición, pues el narcotráfico les está llenando los bolsillos a una velocidad vertiginosa.
Alias “Iván Márquez”, algunos de los peores criminales de las Farc, entre ellos el nefasto “Santrich”, “El Paisa”, responsable, entre otros crímenes, por la bomba de El Nogal y “Romaña”, asesinos “glorificados” por los Acuerdos de La Habana se burlaron descaradamente del Acuerdo, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), las víctimas, los países garantes, el comité del Nobel y la comunidad internacional que los había aplaudido y homenajeado.
Y, luego vino la hecatombe en que se fueron convirtiendo los fallos de la JEP, cada vez más arbitrarios y dispuestos, aparentemente, a aceptar la impunidad a las Farc. Pero, parece que la JEP, después de presenciar las declaraciones de los secuestrados de las Farc, de oír de tanto dolor, horror y humillación, ha, por fin, reaccionado.
El 29 de enero la magistrada Julieta Lemaitre afirmó: “Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”.
Ocho de los altos mandos de las narcoguerrillas Farc, hoy jefes del partido político rebautizado como partido “Comunes”, han sido acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por su responsabilidad en cerca de 21.400 “privaciones graves de la libertad”, cometidas entre 1993 y 2012 y otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, vejaciones extremas, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Los líderes de las Farc, Timochenko y parte de su bancada en el Congreso, tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones. Según el Acuerdo de Paz, de no hacerlo se exponen a ser condenados hasta a 20 años de cárcel. ¿Será que por fin la JEP se puso las pilas? ¡Habrá finalmente una justicia que garantice la paz!
