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¿Quiénes son Paula Nicol Palacios y Karen Dayana Lambraño?
“La justicia es para los de ruana” es un clamor frecuente de los colombianos. La semana anterior fuimos testigos de dos casos, prueba reina que confirma la expresión (cuyo sentido, como bien lo sabemos, es peyorativo).
El primero ocurrió cuando la fiscal 49 de la Unidad de Derechos Humanos otorgó la libertad a Alejandro Cárdenas, alias J.J., exparamilitar y “presunto” agresor de Jineth Bedoya. La pregunta obvia que suscitó la noticia fue: si esto sucede con alguien del perfil de la periodista de El Tiempo, ¿qué esperanzas pueden guardar el resto de mujeres agredidas? (¡decepciona aún más saber que la preclusión de la investigación fue determinada por una mujer!).
Tres días duró en libertad. El fiscal general, Eduardo Montealegre, “corrió” a anular la decisión. El CTI procedió con la recaptura.
El segundo caso fue el secuestro de Daniela, de once años, hija de Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección. Su cautiverio duró 48 horas en tiempo real (no me atrevo a especular sobre el tiempo paternal/maternal, que se mide en eternidades).
El video de Daniela aferrada a los brazos de su padre, desconsolada, retuerce las entrañas.
Una vez más, observamos cómo se traza en Colombia el camino hacia la “efectividad de la justicia”: el perfil público no depende exclusivamente del cargo o posición social de la víctima, en buena medida lo construimos los medios de comunicación. Nuestra denuncia se traduce en presión colectiva. Una caída estrepitosa en la popularidad es un lujo que los altos mandos gubernamentales y las autoridades no se pueden dar en esta época, dominada por los medios y sus vertientes (en especial, las redes sociales).
La opinión pública es crucial.
¿Qué alcance puede tener la obsesión de popularidad? Estamos frente a una sofisticada estirpe de corruptos, esclavos de las encuestas, funcionarios cuyos resultados dependen de la presión mediática. Expertos en golpes de opinión. Su ‘coima’: los titulares de prensa.
Celebro la resolución de los casos expuestos, aunque se trate de victorias a medias: en el primero, no hay condena; en el segundo, ni siquiera una captura.
El pasado mes de diciembre desaparecieron dos niñas: Paula Nicol Palacios, de cinco años, en Buesaco, Nariño; y Karen Dayana Lambraño, de siete, en Mompox, Bolívar. ¿Cuántos menores están en las mismas circunstancias y sus casos no han sido resueltos (tal vez, ni denunciados)?
En una democracia real, la expresión “la justicia es para los de ruana” no sería despectiva. La “ruana”, que alude a los campesinos (imagen de pobreza y marginalidad), sería el emblema de los derechos de todos en contraposición a los privilegios de unos pocos.
Si fuéramos conscientes del poder de nuestra voz colectiva ante los dirigentes (¡somos la opinión pública!), si nos formaran como ciudadanos críticos y no como rebaño, la ruana sería un orgullo.
“Ponerse la justicia de ruana” no sería, entonces, un vicio.
