Juan José Hoyos
Columnista

Juan José Hoyos

Publicado el 18 de marzo de 2019

LA MALA HORA DE LA PAZ

Mientras media Colombia malgasta el tiempo discutiendo sobre la conveniencia o la inconveniencia de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, nuestro país sigue al borde de la guerra.

Así lo demuestran los datos revelados en un informe del representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado esta semana.

Según el documento, entre 2017 y 2018, el número de masacres aumentó en un 164 % al pasar de 11 a 29 casos. La mayor parte de las matanzas ocurrieron en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. El año pasado también fueron asesinados 110 líderes sociales en 24 departamentos del país. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en Antioquia, Cauca y Norte de Santander. Además, se presentaron 11 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en seis departamentos.

La tasa de homicidios también aumentó en casi el 50 % de los municipios de Colombia. En algunos, como en San José de Uré, Córdoba, la tasa creció 1.473 %, y en Barrancas, La Guajira, 880 %.

El informe dice que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia reportó la muerte de 85 antiguos integrantes de las Farc, después de la firma del Acuerdo de paz. “Esto genera un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz y ha llevado a algunos excombatientes a abandonarlo” dijo Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU.

“Nos estamos matando más que en los años más recientes, con una violencia de similar intensidad a la de los peores años de influencia del paramilitarismo y la guerrilla, y ante los ojos de un Estado carente de respuestas” sostuvo el diario El Espectador, comentando el informe.

En un artículo editorial, el periódico atribuyó el recrudecimiento de la violencia “a la combinación perfecta de un Estado ausente, nuevas zonas en disputa por la ausencia de las Farc y un aumento de fuerza en los carteles del narcotráfico que quieren dominar las regiones del país. En esa guerra frontal pierden los ciudadanos, y aquellos que deciden alzar su voz para protestar son amenazados o asesinados”.

La oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos dijo que el aumento de la violencia se dio en contextos regionales donde existen causas estructurales ―por ejemplo, donde no hay acceso a la justicia, ni existe igualdad en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales―, pero también es el resultado de “retrasos sustanciales en la implementación del Acuerdo de paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”.

La discusión sobre las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz es importante. Pero ―como dijo la parlamentaria Juanita Goebertus, hablando en nombre de los partidos de oposición― hay cosas más importantes que este enredo jurídico cuya solución se prolongará muy probablemente hasta el año próximo.

Por ejemplo: la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas, la solución del problema agrario y de los cultivos ilícitos, la defensa del derecho a la educación, la lucha contra el desempleo, la defensa del medio ambiente, la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado. Y, por supuesto, la defensa de la paz, el bien más preciado de una sociedad. Esta paz frágil, que ha salvado tantas vidas desde que se firmó el Acuerdo, y que en esta mala hora está amenazada de nuevo por los partidarios de la violencia que buscan incendiar otra vez a Colombia.

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