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Sin duda, uno de los varios pendientes de la implementación del Acuerdo entre el gobierno colombiano y las Farc-EP es lo relativo a la reforma política; por ello hay que saludar el que ya se esté presentando iniciativas en ese sentido en el Congreso.
Recordemos que en el Acuerdo de La Habana se aprobó la creación de una Misión Electoral Especial, compuesta por especialistas en el tema, para diseñar una propuesta de reforma política electoral. Efectivamente, así se hizo y se conformó esa misión de destacados académicos y especialistas en temas electorales, que realizó un serio trabajo y como resultado presentó una propuesta de reforma, que, desafortunadamente, se presentó al Congreso en un momento políticamente inadecuado, no solo por la cercanía del siguiente certamen electoral —algo desaconsejado por todos los especialistas en esos temas—, sino, además, en un ambiente político caldeado por la reciente pérdida del plebiscito sobre el Acuerdo. Todo ello explica por qué dicha iniciativa, seria como pocas, terminó naufragando en el Congreso.
En términos electorales, dicha propuesta de reforma tocaba varias dimensiones, dentro de las cuales hay que destacar la reforma del actual Consejo Nacional Electoral y de toda la rama electoral, el tema de las listas cerradas en las elecciones a cuerpos colegiados, lo relativo a la financiación de las campañas, a los requisitos para los partidos políticos, entre otros temas.
Es evidente la necesidad de la reforma del Consejo Nacional Electoral, por cuanto la estructura y composición del actual está lejos de que sea transparente y confiable para las diversas fuerzas políticas: el actual Consejo Electoral es simplemente un reflejo de las fuerzas de los partidos en el Congreso, lo cual lleva a que su elección sea una distribución en cuotas-partes de dichos partidos; se requiere un Tribunal Electoral compuesto por verdaderos magistrados elegidos con participación de las Cortes y, probablemente, por la academia, para que sea un tribunal independiente que vele por las reglas del juego político-electoral de manera imparcial y transparente para todos los participantes en dichas contiendas. Por supuesto, la Registraduría debería depender de este Tribunal Electoral para darle unidad y coherencia a esta rama electoral.
Igualmente es necesario que se establezca la obligatoriedad de listas electorales cerradas por partido político o coalición, con paridad entre candidatos mujeres y hombres, seguramente con un modelo “cremallera” de dichas listas para garantizar que efectivamente el Congreso y demás corporaciones públicas avancen hacia composiciones paritarias. También es imperativo que la financiación de las campañas y de los partidos sea asumida en su totalidad por el Estado, para garantizar, de una parte, la equidad de las distintas campañas y, de otra parte, un mayor control en relación con la utilización indebida de recursos o prácticas corruptas para inducir a sectores de electores en uno u otro sentido.
Todo indica que la o las iniciativas que se han empezado a presentar en el Congreso asumen algunos de estos aspectos; sin embargo, es temprano para conocer la totalidad del contenido de las mismas y asumir que vayan a tener un tránsito fluido en el Congreso, porque, evidentemente, toca intereses de los congresistas y de los actuales partidos. Con todo, hay que abrir un compás de espera y desear que el espíritu del cambio, que parece ser el del momento y el que promueve el gobierno Petro, también toque el análisis de esta iniciativa, tan necesaria para realmente modernizar todo el sistema electoral y buscar así que algo tan importante en una democracia como lo son las elecciones refleje en cada momento la voluntad ciudadana y no otro tipo de manipulaciones.
