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Beatriz de Majo
Columnista

Beatriz de Majo

Publicado el 31 de marzo de 2021

La nueva guerra por los derechos humanos

Una clara señal envió Bruselas al imponer sanciones a Pekín por motivos humanitarios: es menester detener las prácticas discriminatorias y opresivas contra uigures y personas de otras minorías étnicas musulmanas en Xinjiang. La batalla contra la violación de los derechos humanos es ya una gesta enarbolada por los 27 de la Unión a la que se han sumado Canadá y los Estados Unidos. Un ejercicio de memoria nos lleva a 1989, cuando también los europeos reaccionaron con sanciones frente a los asiáticos como consecuencia de la masacre de la plaza de Tiananmen.

Es inequívoca la posición asumida por los líderes del mundo libre al no dejar pasar por alto los crímenes en este terreno. Pero las represalias del otro lado no esperaron. Esta vez las autoridades chinas respondieron a la afrenta europea adoptando sanciones contra cuatro entidades y diez ciudadanos europeos, entre los que se encuentran cinco diputados de la Eurocámara. Las entidades están vetadas para desarrollar actividades de toda índole en suelo chino y las personas no pueden pisar el espacio chino continental ni los territorios de Macao y Hong Kong.

La consecuencia de esta confrontación en materia de derechos humanos puede ir bastante más lejos. Está en juego un importante instrumento de acercamiento entre China y Europa que ha estado siendo negociado por ambas partes desde 2014 y que debería ser suscrito en menos de un año. El CAI, Acuerdo Integral sobre Inversiones, sustituiría 26 acuerdos bilaterales de facilitación de inversiones que se considera vital para el buen manejo de los negocios bilaterales. Este tendría como finalidad homogeneizar el marco jurídico dentro del cual se desarrollan las inversiones mutuas.

Resulta imposible deleznar la trascendencia de este único instrumento con el que contarán las empresas europeas y chinas para obtener protección jurídica a sus negocios frente a prácticas discriminatorias, no equitativas o expropiaciones. Estamos hablando de cifras muy gruesas: el flujo de inversiones directas de China a la Unión Europea en las dos últimas décadas ha alcanzado 120.000 millones de euros mientras que Europa ha colocado algo más de 140.000 en la geografía de su contraparte china.

Ya en diciembre pasado los gobiernos de los dos socios habían avanzado hasta poner a punto la letra del Convenio que, sin duda también será una pieza vital del reequilibrio de la relación comercial bilateral. El intercambio entre ambos se ubica en 1.000 millones de euros cada día.

Un descarrilamiento de este esfuerzo representaría para Europa un perjuicio de envergadura ya que la firma del convenio permitiría reequilibrar la descompensación y la desigualdad de oportunidades que tienen sus inversiones en territorio chino en relación con las inversiones de origen local. No es ese el caso de China que se encuentra en una posición ventajosa en Europa. Un claro ejemplo es la eliminación del requisito chino impuesto en la actualidad que obliga a las empresas europeas a invertir con empresas locales para entrar en el mercado de determinados sectores. Ello favorecería a las industrias automotrices europeas, a la producción de equipos sanitarios y de transporte y a la industria y tecnología bio-química europea. Es evidente que China puede usar al CAI como elemento de presión con Europa aunque los afecte por igual.

Así pues, las violaciones de los derechos humanos por parte del coloso asiático se han convertido en un detonante de enormes dificultades con sus más importantes socios comerciales, los Estados Unidos y la Unión Europea. La solidez de estas relaciones seguirá siendo puesta a prueba.

Esta es otra, la gran guerra de los derechos humanos y ella apenas comienza a mostrar su garra

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