Desde el pasado 17 de marzo, cuando el presidente de la República con la firma de todos sus ministros declaró durante treinta días el “estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”, el ordenamiento jurídico se ha visto sometido a una nueva avalancha que desborda todas las previsiones; el poder ejecutivo –ante la implícita parálisis del órgano legislativo–, trata de ordenar a punta de reglas jurídicas un país indisciplinado, inconsciente y sin rumbo, a ad portas...
