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Son tiempos complicados. La pandemia del coronavirus pone de presente los dos problemas más graves que tiene nuestra sociedad: la pobreza y la desigualdad. Se ha hablado y discutido sobre ellos, pero ni los políticos ni los empresarios han buscado soluciones mediante creación de trabajo, redistribución de la riqueza o simple caridad. Hemos visto las primeras reacciones violentas de los más pobres en las cárceles y en las calles intentando entrar a los supermercados; miles de vendedores ambulantes que viven de lo que ganan día a día reclaman soluciones; así como miles de personas sin vivienda donde refugiarse en la cuarentena. El Gobierno ha ofrecido algunas ayudas como la ampliación de los subsidios a los más pobres, pero esto con seguridad no será suficiente para aliviar su penosa situación. Es dramático ver las filas de personas apretujadas en las puertas de los bancos reclamando los apoyos sin máscaras ni guantes.
¿Pero qué determina que en Colombia, un país con suficiente riqueza y recursos, no se haya podido eliminar la pobreza de forma significativa? La explicación más simple pero de honda influencia dice: los pobres son pobres porque quieren, no les gusta trabajar ni ahorrar. La expresión sublime de esta idea fue: “en el Cauca se debería levantar una muralla para separar a los ricos de los pueblos indígenas”. La pobreza se la merecen. Otros afirman que la pobreza ha disminuido pero desconocen el fenómeno del trabajo informal sin seguridad social. Contra estas erróneas ideas se puede afirmar que los pobres no son simplemente pobres y hambrientos, sino que son empobrecidos y conducidos al hambre por nuestras instituciones comunes, las cuales determinan sus vidas.
Veamos, ¿qué instituciones comunes? Desde las reformas neoliberales implementadas en los gobiernos de Barco y Gaviria, se agudizó la polarización entre los extremos de la distribución de la riqueza y el ingreso al crear un pequeño grupo en la cúspide del poder económico que concentra para sí las ganancias en casi todos los sectores económicos, y unas mayorías en las clases media y baja, empobrecidas y sometidas a la precarización laboral. El índice de Gini para el conjunto de personas jurídicas de este grupo es de 0.9593, lo cual quiere decir que un pequeño grupo de familias concentra el 94% del patrimonio de todas las personas jurídicas contribuyentes y pocas personas concentran el 53% de la riqueza (Garay/Espitia, 2019).
Esto quiere decir que la pobreza ha sido producida por nuestras instituciones comunes. Mediante decisiones políticas de tratos diferenciales y discriminatorios a favor de las familias más ricas se ha llegado a la consolidación de una marcada desviación de las reglas distributivas en favor de la concentración de la riqueza en cabeza de los más acaudalados. Si no hubiésemos permitido que el sistema de salud fuera convertido en un medio para obtener grandes ganancias y enriquecer a los accionistas, la situación sería difícil, pero todos contaríamos con una cobertura adecuada, definida a partir del presupuesto de que la atención médica es un derecho humano.
