viernes
3 y 2
3 y 2
El gobierno que inicie el próximo 7 de agosto debe tener como prioridad el tema de la paz, porque es una responsabilidad del Estado colombiano —consignada en la Constitución— y lo que puede tender un puente de acercamiento y alianza entre las fuerzas políticas del centro, del liberalismo —que va más allá del histórico partido— y de la centroizquierda que se expresan en el Pacto Histórico; pero, adicionalmente, las fuerzas de centro de la Alianza Verde y aún sectores del conservatismo y cristianos que también apoyaron las conversaciones con las Farc y, así mismo, con el Eln —estas, desafortunadamente, quedaron iniciadas y luego no hubo ninguna gestión para lograr su reactivación—.
Por ello, el siguiente gobierno deberá tomar por bandera la implementación integral del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón —que el actual gobierno, por provenir de las fuerzas adversarias al mismo, implementó de manera parcial bajo una concepción estrictamente tecnocrática—, lo que no significa que vaya a estar exento de tensiones en su implementación con las miradas del partido Comunes y demás excombatientes; la implementación de un acuerdo de paz en cualquier caso conlleva disputas posibles en el enfoque y sentido, pero son susceptibles de análisis y debate en las instancias que el propio acuerdo estableció. Lo que sí debe ser claro es que avanzar en la implementación del punto de desarrollo agrario integral es de prioridad, lo mismo que retomar la reforma política electoral concebida en el Acuerdo y la concepción de paz territorial, que no es solamente una sumatoria de obras de infraestructura en los territorios, sino una mirada concertada con los diversos actores regionales del desarrollo de cada territorio.
Igualmente, el próximo gobierno debe hacer las gestiones necesarias para retomar las conversaciones con el Eln, ya sea para continuarlas donde quedaron hace cuatro años o para reiniciarlas bajo nuevas condiciones que mutuamente acuerden en la fase exploratoria; eso sí, con el compromiso de la organización insurgente de cesar los hechos de violencia, que para lo único que sirven es para entorpecer cualquier avance en las conversaciones, porque no van a ser un factor de presión frente a un Estado que ya está “curado” frente a esos fantasmas. Ojalá, y espero que así sea —como lo ha expresado su actual primer dirigente, Antonio García—, haya de su parte la mejor disposición para transitar el camino que los lleve a la terminación del conflicto armado.
Pero, adicionalmente, hay que pensar en una estrategia frente a las llamadas “disidencias”; previo análisis de lo que se denominan como tal, porque, seguramente, hay desde grupos con intencionalidad política hasta grupos al servicio de tráficos ilícitos. Pero igual se debe diseñar y avanzar en la implementación de estrategias que lleven a su desmovilización.
En el mismo sentido se debe diseñar e implementar una estrategia de desmovilización de los grupos de crimen organizado —más allá de sus denominaciones—, haciendo aproximaciones y propuestas serias que de ninguna manera sean concebidas como mecanismos para “ganar tiempo”; los colombianos ya estamos fatigados, pero también con suficiente experiencia para entender que hay necesidad de terminar con esos factores no solo de violencia, sino también de distorsión de las políticas de desarrollo.
En todo lo anterior debe jugar un rol fundamental la Fuerza Pública, no solo en el acompañamiento de los esfuerzos, sino también como brazo armado legal del Estado y, por supuesto, una sólida estrategia de política social y de construcción de Estado en los territorios, que serán la garantía real de avanzar hacia una “paz completa”, una paz social que vaya más allá de los grupos armados.
