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Henry Medina Uribe
Columnista

Henry Medina Uribe

Publicado el 30 de septiembre de 2022

La paz total

El proyecto de ley conocido como “política de paz del Estado” prorroga, modifica y adiciona la ley 418 del 1997, la cual define instrumentos útiles para alcanzar la convivencia y la eficacia de la justicia. Busca adecuar la normatividad existente a los objetivos de la “paz total” y focalizar las acciones de las instituciones de seguridad dentro de los lineamientos de la seguridad humana, centrada en la protección de las personas y las comunidades, antes que del Estado y sus instituciones. También privilegia las acciones de prevención y anticipación frente a las de reacción y mitigación de efectos.

El fundamento jurídico del proyecto de ley está en los artículos 2 y 22 de la Constitución Política. El 2 determina, dentro de los fines esenciales del Estado, la protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, a la vez que asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; el 22, a su vez, define a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Lo anterior reafirma que la paz debe ser una política de Estado. Esta elemental aspiración está actualmente empantanada en nuestra estructura socioeconómica y política, y condicionada por el narcotráfico. Además, la paz, como la seguridad, se genera en un ambiente de responsabilidad y construcción colectiva.

Lo que la letra del proyecto muestra, al igual que otras iniciativas del ejecutivo, es una intencionalidad buena; no obstante, su análisis nos lleva a pensar en los riesgos que pueden surgir en su implementación. Las alarmas surgen cuando se observa falta de método y unidad de materia, precipitud y a veces incoherencia.

Por carencia de espacio me referiré solo a la idea de crear el Servicio Social para la Paz. Idea valiosa que no puede nacer en menoscabo o demerito del servicio militar obligatorio, sino como su complemento. Deberá ser una opción de libre elección, encuadrada y restringida dentro de la estrategia de seguridad nacional y como parte de los objetivos y requerimientos que tal estrategia formule. Lo que resultaría inaceptable es que posibles desmovilizados del Eln o de la “primera línea” puedan llegar a ser parte de las estructuras de seguridad del Estado. Al respecto, las experiencias de Centroamérica son ejemplarizantes.

La paz no se puede lograr atropellando la institucionalidad, violentando la propiedad privada, ni debilitando las instituciones comprometidas con la seguridad. Ser permisivos con acciones fuera de la ley e indiferentes ante el irrespeto de los derechos del otro, so pretexto de revancha, es fermento de anarquía y nuevas violencias.

Debemos buscar lo posible para luego buscar lo óptimo. La invasión de tierras, la creciente beligerancia de la ilegalidad y la alta presencia ciudadana en las marchas del pasado lunes son advertencias útiles para entender que para llegar a la paz total previamente debemos trabajar en la paz posible, y ese de por sí es un gran reto para un buen gobierno.

La conclusión es que la paz total no es viable por ahora y que del afán no queda sino el cansancio 

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