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“Mi liquidadora estrella”, la llamó en 2011 el presidente Santos al encargarla, a dedo, de la liquidación de la putrefacta Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, convertida esa entidad en mina de oro para mafiosos y políticos. Como lo hizo la noche del domingo 16 de noviembre de 2008 el presidente Uribe para que ella asumiera la intervención de la pirámide DMG, cabeza de la gran crisis de estafas billonarias en las que miles de colombianos se dejaron seducir por sus absurdas ofertas de hasta 200% de “rentabilidad”; por codicia, ignorancia o intereses de lavado de dineros.
María Mercedes Perry Ferreira tiene 69 años de edad, abogada del Rosario, con dos especializaciones; por sus manos han pasado, desde 1999, enormes liquidaciones de empresas y entidades públicas colombianas como Caja Agraria, Banco del Estado, DNE y algunas privadas como DMG, Elite Internacional (donde se investiga $1 billón de defraudación a clientes) y Proyectar Valores.
Ha sido la liquidadora favorita no solo de Santos y Uribe sino también de la Superintendencia de Sociedades; datos de la misma entidad indican que ha tenido a su cargo 190 procesos como promotora, liquidadora o agente interventora (casos de las pirámides) entre 2008 y 2018, esto es 19 procesos por año pese a que la ley permite máximo 6 procesos simultáneos. Al lado de sus notables talentos para que los más poderosos la consideren su “estrella”, hay una Perry con otras cualidades que le han permitido hasta hoy ser una intocable ante cualquier organismo de control o judicial. Dice ella misma, “gano más de lo que dicen los medios y mucho menos de lo que merezco”, pero la esencia de su poder no son los honorarios que recibe, unos $1.250 millones máximo por proceso, sino el absoluto control sobre empresas y entidades que le entregan para liquidar, a tal punto que se toma atribuciones que solo corresponden a funcionarios, y ella no lo es. Como hizo ordenando a una oficina de registros públicos que anotara unos bienes como propiedad de DMG Grupo Holding, y le hicieron caso. Tras la denuncia de los afectados, cancelaron las anotaciones y la Supernotariado, en enero 2019, remitió a la Fiscalía por presunta falsedad y fraude procesal.
Y no son las únicas denuncias: existen diez (10) contra ella ante la Fiscalía desde 2007, la primera por presunto peculado y las restantes por enriquecimiento ilícito, estafa, fraude procesal, falsedad en documentos y prevaricato; los registros indican que cuatro procesos no se mueven, inactivos, en tanto que los otros seis apenas están en indagación. Uno más, por un delito menor, violación al régimen de inhabilidades en liquidación de la DNE, la tiene en juicio. A su vez, la Supersociedades - donde goza de igual o más poder que los mismos superintendentes - la mantiene en un pedestal a pesar de tres sustentadas solicitudes para que sea removida de sus funciones.
¿Talento natural, influencias, habilidades jurídicas, relaciones públicas? Algo de todo tiene ella; su eficacia para liquidar es tanta como para evadir el escrutinio sobre sus actuaciones
