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Rafael Nieto Loaiza
Columnista

Rafael Nieto Loaiza

Publicado el 22 de julio de 2019

LA POLÍTICA Y EL GLIFOSATO

No fue la Constitucional la que inicialmente suspendió la aspersión aérea de glifosato. La sentencia de la Corte es de 2017. Las decisiones del gobierno Santos de suspenderla son del 2015. No es un dato irrelevante. Muestra que, por un lado, la suspensión fue decisión política de Santos y la Corte solo siguió la misma línea y que, por el otro, esa suspensión estaba directamente relacionada con la negociación con las Farc, negociación que culminaría un año después. Las Farc habían solicitado la suspensión de la erradicación forzada desde que empezaron las conversaciones.

El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la suspensión por una solicitud del Ministerio de Salud de entonces, alegó que, por el principio de precaución, para evitar riesgos para la salud humana, era indispensable no continuar con la aspersión aérea con glifosato. La Constitucional usó después el mismo argumento. El MinSalud y la Constitucional acudieron al principio de precaución con base en una monografía del 2015 de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) que clasificó al glifosato como probablemente carcinogénico, en la lista A2. Según el IARC, el glifosato podría causar linfoma de No Hodgkin. El estudio no hace distinciones sobre el método de uso del glifosato ni sobre los cultivos sobre los cuales se usa.

Esa monografía del IARC ha sido fuertemente cuestionada por científicos de muy distintos países y por organismos internacionales y agencias medioambientales y de salud pública. En distintos estudios hechos desde 2016, la FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la Agencia Canadiense para el Control de Plagas, la Autoridad de Protección Ambiental de Nueva Zelanda, la Comisión de Seguridad Alimentaria del Japón, el Instituto Alemán de Control de Riesgos y la Autoridad Australiana de Pesticidas y Medicamentos Veterinarios, han vuelto a concluir que el glifosato, con un uso correcto, es inocuo para la salud humana. ¿Por qué el MinSalud y la Constitucional no han considerado esos estudios y solo se han apoyado en el de la IARC?

En abril de este año, Daniel Rico y otros dos expertos hicieron una revisión sistemática con meta-análisis sobre los efectos del glifosato en la salud humana, con 4.487 documentos iniciales de base.

Sostienen que “teniendo en cuenta la calidad de la evidencia, puede concluirse que no hay evidencia suficiente de que el glifosato causa efectos negativos para la salud humana”.

A estas alturas, no hay estudios de organismos oficiales en Colombia sobre el linfoma de no Hodgkin ni sobre si los casos que se han presentado de ese cáncer en nuestro país pueden tener alguna relación con el uso del glifosato. La Corte tampoco ha tenido interés en ordenarlo.

Pero ya no asombra es que la Corte solo haya usado el principio de precaución para suspender la aspersión aérea del glifosato solo contra narcocultivos. El glifosato se usa hoy en Colombia en centenares de miles de hectáreas de algodón, arroz, maíz, frutales, banano, café, caña, palma y papa, entre otros muchos. En muchas por aspersión aérea. ¿Por qué la Corte no suspendió todos los usos del glifosato sino solo cuando se usa contra narcocultivos? Tampoco sorprende que la Corte suspenda las fumigaciones con glifosato de narcocutivos dizque porque le preocupa la posibilidad de que produzca linfoma de no Hodgkin, pero le importa un pito todos los otros productos de esa lista A2 y todos los de la lista A1, sobre los que sí existen pruebas inequívocas de que son carcinogénicos. Y nadie dice nada de los muertos y mutilados, miles, que sabemos que se producen por la erradicación manual.

¿Por qué? Repito lo que dije hace un par de años: Las decisiones de la Corte solo enmascaran una decisión política: la de no atacar los cultivos ilícitos, proteger la política de Santos, y complacer a las Farc que, no hay que olvidarlo, pidió parar las aspersiones como condición para las negociaciones. Esta Corte tiene una clarísima mayoría santista y pro pacto con las Farc, y ha dado muestras inequívocas de politización en sus actuaciones.

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