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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 20 de abril de 2021

La reforma tributaria y la violencia del sistema

Existe una visión filosófica ampliamente aceptada que sostiene que el alcance de las obligaciones de justicia se extiende solamente a las personas que conviven dentro del mismo Estado-nación. Frente a nuestros conciudadanos tenemos deberes igualitarios de justicia y de equidad social y económica. Pero para poder asegurar una política distributiva de bienes y riquezas es necesario tener un sistema de impuestos justo. De esto se sigue que para mantener las instituciones del Estado, las personas tienen el deber legal de pagar impuestos.

Sin embargo, nuestro sistema de impuestos no cumple con las finalidades de una tributación justa porque: i) las políticas tributarias se construyen en función del favorecimiento de las personas y empresas más ricas, mediante el sostenimiento de un sistema impositivo que reduce el impuesto sobre los beneficios de las empresas, exceptúa los dividendos y otros ingresos financieros y mantiene la multiplicidad de exenciones, deducciones y tratos diferenciales; ii) los funcionarios no utilizan los impuestos para los fines de justicia tributaria, sino que los destinan a su enriquecimiento privado, o, en la actual coyuntura, a la compra de aviones de combate (14 billones).

El actual proyecto de reforma tributaria golpeará fuertemente a las personas naturales a quienes les extraerá $17 billones por impuesto a la renta. Deben declarar aquellas personas con ingresos mayores de $2,6 millones y el estrato 4 deberá pagar IVA del 19 % sobre los servicios de energía, agua y gas. Es una reforma tributaria injusta que ahorca a la clase media.

En Colombia hay una precarización masiva de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y unos elevados niveles de desempleo e informalidad, frente a la riqueza de las personas más ricas, que en el año 2017, concentró el 95.4 % de la riqueza total (Garay, 2019). Hay entonces una forma extrema de injusticia en la distribución de la riqueza, que es invisibilizada mediante un uso instrumental de la política y la comunicación. Los grandes medios, Semana, El Tiempo, RCN, se han convertido en expertos de la invisibilización de los asuntos más críticos del país.

Vivimos enfrentados por los problemas penales de políticos como Uribe, por escándalos de corrupción, por la “película” de EPM, pero nos negamos a captar críticamente el orden concreto de la inequitativa distribución de la riqueza en el país. ¿Qué han hecho en Antioquia los anteriores gobiernos y la tríada “Universidad, Empresa, Estado” frente a la pobreza, el desempleo y la violencia en Medellín y las zonas rurales? ¿Qué soluciones estructurales y duraderas en clave territorial se han implementado para garantizar los derechos fundamentales de la población más vulnerable, de las mujeres en el territorio?

La élite gobernante ha puesto de lado estos temas, instalando una normalidad, que relega en la sombra la violencia de un sistema absolutamente inequitativo de distribución de la riqueza. Se trata de una injusticia estructural que se produce cuando los procesos sociales ponen a grandes grupos de personas bajo una amenaza sistemática de dominación o de carencia de medios para desarrollar y ejercer sus capacidades

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