viernes
0 y 6
0 y 6
El vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, sostiene que el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es pionero y ejemplo en el mu ndo. El abogado canadiense, que ha participado en tribunales como los de Ruanda y la antigua Yugoslavia, asegura que la JEP no solo no riñe con la CPI, sino que, si continúan en un trabajo conjunto, podrán perfeccionar el modelo.
La CPI es el máximo tribunal internacional que juzga a los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, previstos en el Estatuto de Roma. Luz Ibáñez, jueza de la misma Corte, apoyó a Stewart y subrayó el carácter de las justicias transicionales: “[...] nos referimos a procesos excepcionales y provisionales”.
Estas defensas a la JEP, que coinciden con el cierre de la presidencia de la magistrada Patricia Linares y el inicio del periodo del magistrado Eduardo Cifuentes, pueden ser consideradas como respuestas al discurso que Iván Duque pronunció en la apertura del Encuentro Internacional de Justicia Transicional ‘Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas’.
Bajo el lugar común de “poner en tela de juicio”, el presidente quiso darles lecciones sobre justicia transicional a expertos de todo el mundo: 27 minutos en los que un mandatario formado en leyes evidenció su desconocimiento de los parámetros de la justicia transicional y, sobre todo, de la separación de poderes en una democracia.
En “tela de juicio” dejó la confesión del crimen de Álvaro Gómez Hurtado por parte de las Farc (las versiones de los reincorporados son sometidas a verificación y contraste, no son adoptadas por la JEP como verdad irrefutable) y presionó a la justicia transicional para que entregue resultados como Justicia y Paz o la Justicia Ordinaria, que llevan décadas en funcionamiento. Al repasar el alcance de Justicia y Paz, omitió un detalle: la reparación de víctimas. Tampoco comentó que ese tribunal dictó su primera sentencia cinco años después de su instalación, mientras que la JEP comenzó en un edificio vacío en enero de 2018.
Duque dijo que “Santrich”, “Márquez” y “El Paisa” “pusieron en tela de juicio la administración de justicia”: por haber traicionado los Acuerdos, esos delincuentes no son de la jurisdicción de la justicia transicional. También insistió en que ningún miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia debería acudir a la JEP.
“Cargado de tigre” (cachorro), el presidente hizo todo lo posible para que no se notara que estaba haciendo, otra vez, un mandado. Pero Álvaro Uribe, afanadito como es él, no esperó un tiempo prudencial para evitar hacer quedar mal a su mandadero de la banda tricolor y corrió a presentar el primer borrador de referendo que propone eliminar o modificar la JEP.
Retomemos a Duque: “Dada la novedad del modelo de justicia transicional hubo un periodo de aprendizaje [...] el sistema colombiano no puede aducir excusas [...] ¡la celeridad es un imperativo!”.
Ojalá Duque y Uribe acosaran al fiscal Francisco Barbosa para investigar la participación del Ñeñe Hernández en las elecciones de 2018 como lo han hecho con Linares y –a partir de hoy– con Cifuentes.
Debe ser que 1500 audios de “Cayita” Daza que revelarían el presunto ingreso de dineros del narcotráfico en la más reciente campaña presidencial (véase: Juan David Laverde, Caracol T.V.) no tienen tanta “tela de juicio” para cortar como cincuenta años de conflicto.
