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Las imágenes de destrucción de mobiliario y equipos de servicio público en Ecuador, en Chile y en Bolivia nos sacudieron. Pero también lo habíamos sentido con la destrucción en Bogotá de las oficinas del Icetex y la encerrona a 20 policías contra un paredón del Palacio de Justicia, en medio de una lluvia de ladrillos, por parte de “manifestantes” poseídos por la furia.
Si se exige del Estado que reduzca su represión, que contenga y sancione la brutalidad ocasional de sus escuadrones antidisturbios, y que respete el derecho a la protesta, los estudiantes, obreros, maestros, transportadores y demás movimientos inconformes con el sistema y la gestión del gobierno deberían evitar la bestialidad contra los bienes públicos y privados, y acabar la torpeza de agredir incluso a otros ciudadanos espectadores o transeúntes ajenos a las agitaciones y las protestas.
Este 21 de noviembre se anuncia un nuevo paro nacional. No debería ser motivo de preocupación, si se entiende que quienes quieran y se sientan identificados con los motivos de la protesta salgan a las calles a enviar un mensaje de crítica, de contestación, de reclamo, de exigencia al Estado y al gobierno para que cumplan obligaciones constitucionales esenciales, prioritarias.
Pero no puede ocurrir que haya ciertas corrientes subterráneas, oscuras, que incitan a la destrucción de bienes públicos indispensables para la movilidad masiva y para la prestación de servicios.
La condena a la violencia en cualquier tipo de manifestación física es creciente. Este país ha visto correr demasiada sangre. Ha visto pelechar muchas malezas de odios y resentimientos. Ha tenido que enterrar a numerosos líderes irremplazables y a otros cientos de ciudadanos inocentes e indefensos. ¿A quién le sirve el vandalismo en las marchas que no sea a quienes precisamente las desvirtúan del sentido y la capacidad de enviar mensajes sociales y comunitarios de cohesión, crítica y oposición a los yerros del gobierno, de la clase política o del poder empresarial? A quienes son incapaces de una conducción inteligente de esta democracia, en los términos modernos y de riqueza constitucional del Estado de Derecho.
Permitir la anarquía y el encarnizamiento destructivo de ciertos agentes de una izquierda violenta, radical y anacrónica, atrasa aún más la posibilidad del diálogo político y social. Hay causas ciudadanas absolutamente legítimas que son vaciadas de su validez y pertinencia por estos criminales.
Como sociedad, como democracia, no podemos permitir el protagonismo odioso de sujetos incapaces de ideas y debates, apenas dominados por un salvajismo estéril, incomprensible e inaceptable.
