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Johel Moreno S.
Columnista

Johel Moreno S.

Publicado el 11 de julio de 2019

LAS EPM NO DEBEN PAGAR IMPUESTOS

Tan solo bastó un articulito, el 17 de la Ley 142/94, la que regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, para que las otrora EE. PP. de Medellín, antes un establecimiento descentralizado y autónomo del municipio de Medellín, sin sospechar los perversos efectos fiscales que le irían a significar, cambió de nombre sin que las fuerzas políticas de Antioquia en el Congreso la objetaran por improcedente y además gravosa, porque incrementaron las tarifas.

Porque la verdad es que desde la expedición de la ley, con el peregrino argumento de que iría a “garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, la ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensaran la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios insatisfechos en materia de agua potable y saneamiento básico, prestación eficiente”, etc., nada de eso ha pasado, porque todo ese arsenal de argumentos aquí no aplica y solo fue un pretexto para gravar e imponer nuevas cargas a los servicios.

Y la entonces modelo de empresa, prestadora excelente de los servicios de agua potable, saneamiento básico, energía, etc., que es ejemplo como la que más, y que tenía tarifas bajas, no debió haber cambiado su nombre por el de Epm (seguida de la palabra ESP), ni ser medida con el rasero de las otras entidades municipales y que al unificar las tarifas ordenadas por la Creg e incrementarlas un 12 %, era de esperar billonarias utilidades.

Y al adoptar la nueva figura, la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, Epm está sujeta al régimen del derecho privado, a las reglas del Código de Comercio como cualesquier particular y desde la expedición de la ley, está obligada a pagar billones de pesos religiosamente a la Dian, (en el 2018 le giró $785.960 millones, o sea, más de $2.000 millones diarios) y así, “a la joya de la corona le echaron mano” y ha venido contribuyendo a la formación del presupuesto nacional como ninguna otra empresa del sector lo hace.

También la unificación de las tarifas de energía, por parte de las Comisiones de Regulación, neutralizaron la posibilidad de explotar una de las mayores riquezas y fortalezas de Antioquia, la energía a menor precio y ser competitivos en el aprovechamiento de ese recurso; un incentivo que estimularía empresas a establecerse en las regiones.

La tasa de alumbrado público que antes era asumida por el municipio con cargo a los fondos comunes y que para el 2018 fue de $ 56.000 millones, hoy nos la facturan en la cuenta de servicios como otro impuesto. He aquí unas sugerencias a los candidatos para que asuman el gran reto de intentar modificar vía Congreso, una Ley que no hace justicia con los municipios ni con el departamento de Antioquia.

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