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Las fotomultas se han convertido en una pesadilla para cientos de conductores que ven en estas un procedimiento injusto. Muchos de ellos han denunciado que, extrañamente, les han llegado comparendos, pese a que la imagen muestra que sus vehículos están en medio de buses y camiones, razón por la cual es imposible que estuvieran transitando a una velocidad mayor de 60 kilómetros. Incluso, a otros, les pretenden cobrar dos comparendos cuando ambos tienen el mismo número consecutivo, con fechas diferentes.
En otros casos, la notificación de la fotomulta se hace de manera extemporánea, pese a que el Consejo de Estado determinó tres días tras cometida la infracción. Además, según el Tribunal, los conductores y propietarios deben conocer a tiempo qué infracción se cometió para que haya posibilidad de defensa.
Esta estrategia de control se ha convertido en un lucrativo negocio que maneja un privado, extendido en cerca de 60 ciudades en el mundo. Con la venia contractual de varios alcaldes de Medellín, quien maneja la operación de las fotomultas es la firma Quipux, dedicada a atender los problemas de tránsito, con el cuento de que iba a llegar el “gran hermano”. Y sí, no solamente es un gran hermano para el municipio, sino también que son buenos hermanitos, pues cualquiera envidiaría un contrato millonario como ese. La empresa espera facturar 100 mil millones este año.
En Cali e Ibagué esta contratación ha generado duras críticas por las condiciones desmedidas en las que está concebida. En Medellín el contrato empezó con una duración de 8 años y le añadieron 4 otrosíes para que se quedara atornillada por 12 años. Una prolongación adicional estableció la relación contractual hasta el 2026.
Vaya curiosidades las de este famoso “gran hermano”, aunque hermano mío no es porque ni sé conducir. Una de ellas es que si la actividad no es rentable para el hermano mayor Quipux -dice una cláusula del contrato-, la Secretaría de Movilidad, con sus recursos, es decir con los impuestos que todos pagamos, cubrirá ese faltante.
Libardo Espitia, experto en estos temas, publicó en el portal web Razón Pública, hace unas semanas, un juicioso informe que devela estos detalles y muchos otros sobre el millonario contrato. Incluso, denuncia el aporte del representante legal de Quipux, Álvaro León Zuluaga Giraldo, a políticos de la región, según los registros del Consejo Electoral. “¿Cabe preguntarse qué estará pasando en las otras capitales en las que la empresa Quipux opera los sistemas de fotomultas?”, cuestiona Espitia.
Sobre esto la Contraloría de Medellín ha denunciado 16 irregularidades. Lo cierto es que a estas alturas de la vigencia del contrato, no se ve reflejada una mejoría en la movilidad de Medellín, ni que se haya reducido la accidentalidad, según estudios hechos. Así pasa en la mayoría de los 200 contratos que gerencia Zuluaga Giraldo en otras capitales.
Parece ser que no es con fotomultas como se va a mejorar la movilidad, sino con obras de infraestructura e invirtiendo más en prevención que en sanciones, como en varias partes del mundo que han retirado esta medida. Así se hizo en el estado de Texas, Estados Unidos, donde el gobernador demostró que en ningún momento redujo la accidentalidad. Por lo que en Medellín y otras ciudades, las fotomultas, en vez de ser el “gran hermano”, se han convertido en la oveja negra de la familia.
