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Colombia todavía en este siglo presenta grandes brechas, particularmente entre ricos y pobres, entre la zona rural y la urbana y entre las minorías étnicas y el resto de población. Acortarlas debe ser un compromiso ineludible de cualquier campaña que llegue a la presidencia en las elecciones del año entrante. Esto resulta crucial, además, porque el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y el de las convergentes, así como los profundos impactos de la pandemia, han amplificado esas diferencias.
La brecha que existe entre pobres y ricos se resume por lo general mediante mediciones de desigualdad, como el índice de Gini (toma un valor de 0 para representar la ausencia de desigualdad y de 1 para denotar la desigualdad máxima); Colombia, según la Cepal, se caracteriza en el contexto latinoamericano por muy altos niveles de desigualdad: en 2019, dicho índice se situó en 0,53, mientras en América Latina (AL) (15 países) era de 0,46. En Colombia, además, y según el Panorama Social de la Cepal, mientras el primer quintil (representa el segmento más pobre de la población) recibe el 3 % del ingreso total, el quintil más alto (representa el segmento de mayores ingresos de la población) recibe el 57 %. De ese tamaño es la brecha de ingresos en el país, y hay dos factores ocasionados por la pandemia que incidirán muy desfavorablemente en esta: 1) el desempleo ha recaído en los hogares más pobres (quintil 1), con tasas cercanas al 26,0 %, tal y como lo muestra la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif); 2) el mayor uso de la virtualidad desde que comenzó la pandemia, pues, según el Dane, el 79,8 % de los hogares pobres multidimensionalmente no tienen internet y el 96,9 % no tienen computador (Índice de Pobreza Multidimensional, IPM).
La brecha entre las zonas urbanas y las rurales es evidente en términos de pobreza multidimensional (IPM), pues se estima en 12,5 % para las cabeceras municipales y en 37,1 % para las zonas rurales; es decir, este nivel de pobreza es casi tres veces el de las zonas urbanas. Uno de los principales factores que incide en el IPM de las zonas rurales es la privación de la educación por inasistencia escolar; en dichas zonas es 30,1 % (vs. 12,4 %), agravada en tiempos de pandemia por falta de internet. Además, según la última encuesta de calidad de vida del Dane (2020), persisten las ya tradicionales brechas en la cobertura de varios de los servicios públicos entre las zonas ruralesy las urbanas: acueducto, 63.1 % vs. 97,5 %; alcantarillado, 16,8 % vs. 93,1 %, y acceso a internet, 23,6 % vs. 66,6 %, respectivamente.
Estas brechas educativas en el campo no deben pasar desapercibidas pues existe una diferencia cercana a veinte puntos porcentuales en asistencia escolar de población entre 17 y 21 años en contra de los que habitan el campo, cuando esta es precisamente la población que será clave en el relevo generacional de las zonas rurales.
El cierre de estas brechas obliga a una política fiscal más activa desde el punto de vista distributivo, y especialmente a un diseño de estrategias más pertinentes a las realidades de las zonas rurales —distancias, acceso, demografía—. Es crucial que los programas para dichas zonas tengan este criterio en consideración, y que, además, las políticas de ciencia, tecnología e innovación y de regalías contribuyan especialmente con este propósito
