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Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 08 de octubre de 2021

Las instituciones contra la institucionalidad (1)

Son muchas las causas a las que se atribuye la debilidad actual del modelo democrático occidental. Se afirma que se debe al escaso nivel en cultura política, a la ausencia de civilidad, a la falta de solidaridad, a las reiteradas conductas de corrupción, al desgano de buena parte de la sociedad por participar en lo público, a la falta de credibilidad en los partidos políticos y demás actores del sistema electoral; en fin, cada uno de estos factores probablemente aporta para que en la actualidad exista una dura y permanente crítica contra el sistema democrático, lo que ha llevado a algunos sectores políticos, académicos y civiles a plantear la necesidad de introducir importantes reformas al modelo, en ocasiones desnaturalizándolo o llevándolo a su mínima expresión, bajo el argumento de que ya cumplió su ciclo histórico, es decir, se agotó y carece de respuestas válidas para los numerosos y crecientes problemas de la sociedad moderna.

Pero indudablemente las debilidades del sistema no provienen sólo de elementos exógenos o externos, sino también de factores endógenos o internos. El principal enemigo de la institucionalidad se encuentra en las instituciones en que se sustenta el modelo democrático. El problema debe enfocarse desde el punto de vista orgánico, pero también bajo la óptica funcional. Desde el aspecto orgánico, no cabe duda de que existe una especie de megainstitucionalidad que entorpece y desgasta el esquema democrático, pues se ”traga”, a través de una gigante e ineficiente burocracia, buena parte de los recursos del Estado. En el foro Fenalco, un precandidato presidencial expuso: “Los costos de funcionamiento del Estado colombiano ascienden al 31 % del PIB, que se destina al sostenimiento de 18 ministerios, 12 altas consejerías, 10 departamentos administrativos, 6 consejos superiores de la administración, 160 entidades adscritas o vinculadas, más los órganos de control, la administración de justicia, la rama legislativa, notarías y otros”.

Desde el punto de vista funcional, por deficiente preparación o por intereses políticos y personales, el país se encuentra de manera permanente frente una serie de decisiones que, por su demora y motivación, producen un alto sentimiento de desengaño con respecto a la institucionalidad: Un gobernador a quien se priva de la libertad, supuestamente para evitar que actúe obstruyendo la justicia, pero luego se le libera simplemente por vencimiento de términos. Un alto servidor a quien se condena con base en la denuncia formulada por alguien, a quien se le abre investigación porque con dicha denuncia supuestamente atentó contra la dignidad del condenado. Unos contratistas a quienes, después de largos años de trabajo con resultados óptimos y sin observaciones de incumplimiento, se les impone una sanción fiscal, supuestamente por incurrir en conductas que implican culpa grave. Una entidad estatal que en forma ilegal explota recursos de un particular. Estos y otros casos que iremos detallando en futuras entregas llevan a concluir que el principal enemigo de la institucionalidad democrática se encuentra en la forma como se integran y funcionan algunas instituciones del Estado 

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