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La década pasada vio surgir la economía colaborativa debido a la masificación de los teléfonos inteligentes, las nuevas redes 3/4G y el abaratamiento de los planes de datos, lo cual hizo que miles de millones de consumidores a nivel mundial pudieran estar conectados 24/7 a internet, que era algo impensable al principio del nuevo milenio. Todos estos avances hicieron posible el desarrollo de plataformas tecnológicas, como Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Lime, Zipcar, Lending Club, Rappi, iFood entre muchos otros, que han generado disrupción en las industrias, tienen millones de clientes y valoraciones de billones de dólares.
Estas plataformas han traído desarrollo económico y por ejemplo Uber tenía 88.000 conductores en Colombia que podían tener mejores ingresos gracias a la flexibilidad que da trabajar en una plataforma como esta. En la industria de los domicilios pasa algo similar con iniciativas como Rappi, Uber Eats y iFood, ya que un estudiante puede trabajar cuando quiera sin interrumpir sus estudios y ganar un dinero adicional. Esta nueva economía trae consigo varias inquietudes como si estas relaciones hacen que estos trabajadores sean empleados de las plataformas y cómo se les debe pagar seguridad social a estas personas.
En general, las innovaciones tecnológicas y modelos de negocio avanzan mucho más rápido que la regulación y en Colombia estamos en mora de ponernos al día con una solución que sea gana-gana para todas las partes. De hecho, somos el primer territorio de América Latina donde a Uber le toca salir del mercado dejando un muy mal precedente para que otras compañías de la economía colaborativa decidan invertir acá, teniendo en cuenta que somos el país de la economía naranja. Por ende, cuando el Congreso de la República retome sus sesiones en marzo, es imperativo que se aprueben proyectos de ley para regular las aplicaciones que intermedian transporte y el pago de seguridad social a los trabajadores de la economía colaborativa.
En el 2020 el Gobierno Nacional va a destinar 42,7 billones de pesos para pensiones y 31,8 billones de pesos para salud, lo cual equivale al 15,7 % y 11,7 %, respectivamente, del presupuesto nacional. Estos son montos muy altos que se están incrementando año a año más rápido de lo que crece el recaudo debido, entre otros, al envejecimiento de la población y la informalidad de la economía. Para solucionar este problema el Gobierno Nacional necesita que más gente contribuya tanto a salud como a pensión y las plataformas de la economía colaborativa son un candidato ideal, debido a que en muy pocas compañías tienen a cientos de miles de trabajadores que pueden formalizar rápidamente.
En Colombia la carga prestacional de alguien que gana el mínimo llega casi al 50 % de su salario y si ganan menos no están obligados a cotizar seguridad social, que es la mayoría de trabajadores de la economía colaborativa, al ser un trabajo no de tiempo completo para la mayoría de las personas. Si la nueva ley hace que plataformas como Uber tengan que pagar seguridad social, su costo se incrementaría un 32,5 % debido a que toca pagar pensión (12 %) salud (16%) y por el nivel de riesgo ARL (4,5 %). Es inevitable que este costo se les tenga que trasladar a los usuarios finales, debido a que estas plataformas o startups no son rentables y su apuesta es a largo plazo.
Lo razonable, y es algo que ha propuesto el Senador Rodrigo Lara, es crear una nueva modalidad de contratación para estos trabajadores de la economía colaborativa, en la que el costo se comparta entre el trabajador y la compañía, dejando muy claro que no hay un vinculo laboral entre estos. Donde se apruebe un proyecto de ley que haga que haya un vínculo laboral, el costo prestacional subiría alrededor del 50 %, ya que toca contemplar vacaciones, cesantías, dotaciones y ni hablar del costo de las indemnizaciones en un futuro. El punto medio y justo tanto para el trabajador como para la empresa es compartir el gasto de salud, pensión y ARL.
Colombia tiene un nivel de desempleo de dos dígitos y tenemos una migración masiva de venezolanos que ya suman más de un millón, para lo cual no estábamos preparados. Obligar a las plataformas a que contraten a sus socios, domiciliarios o como se les quiera llamar, es condenarlas a que nunca sean rentables y que se cierren sus operaciones en el país. El punto medio para que estas sigan aportando al desarrollo económico y la formalización es que se comparta el pago de pensión, salud y ARL con el trabajador.
