El gobierno de Argentina ha adoptado un enfoque ideológico para combatir la pandemia del coronavirus. Y lo está pagando muy caro en dos frentes: el sanitario y el político.
En un momento de pobreza creciente y alta inflación, el presidente Alberto Fernández tenía pocas banderas a las que aferrarse en un año electoral (en noviembre habrá elecciones legislativas que serán, en buena medida, un referéndum sobre el gobierno peronista de Fernández). El panorama económico lucía desolador desde antes de la pandemia, así que llevar al país a buen puerto durante la crisis de salud era quizás su única opción para convencer a los votantes. Pero quizás para complacer a su electorado más fiel, cayó en un error: planteó la lucha contra el virus como la defensa de la soberanía nacional ante el imperialismo de los grandes laboratorios.
Y mientras la peligrosa variante delta de la covid-19 se extiende por la región y pone en riesgo a la población que aún no tiene el esquema de vacunación completo (la mayoría en el país), Argentina apostó por la vacuna Sputnik V por demasiado tiempo. Aunque había dudas iniciales sobre su efectividad, este año se publicó un informe serio que advertía que la vacuna de Gamaleya es segura y eficaz. El problema es que el centro ruso ha sido opaco con los tiempos de distribución y hay escasez de su inmunizante. Al final, Gamaleya ha sido un mal socio para Argentina: ha retrasado las entregas e incumplido el plazo para completar la inmunización de la población.
Asociada a la ineficacia y a la precariedad en otras áreas de la gestión, la estrategia tuvo un resultado trágico en el corto plazo. Un saldo de más de 107.000 muertes, casi 5 millones de contagios y un proceso de vacunación lento (el país tiene solo alrededor del 18 por ciento de su población completamente vacunada) que deja a los argentinos desprotegidos ante las nuevas variantes.
A diferencia de otros vecinos, como Uruguay y Chile, que ya superaron el 60 por ciento de población totalmente inmunizada, o Brasil, que está acelerando el ritmo de vacunación, Argentina ha quedado muy por detrás.
Fue hasta finales del mes pasado que Fernández cedió a las presiones de la oposición y de grupos ciudadanos. Cerró, finalmente, un acuerdo con Pfizer, más de un año después de que el laboratorio hiciera la primera oferta para la compra de 13,2 millones de dosis, que entonces no había sido considerada.
Los militantes peronistas hicieron del tema un grito de guerra y de campaña electoral. Como dijo el congresista Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “No quiero un país que ceda a los caprichos de laboratorios extranjeros”. Una frase que Fernández “comparte 100 por ciento”.
Si al inicio de la pandemia, animado por el fervor del discurso peronista, Fernández afirmó que preferiría “el 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos”, ahora queda desnudo ante los hechos. Argentina tiene más de la mitad de los niños viviendo en la pobreza y superó tiempo atrás la terrible marca de 100.000 muertos.
La lección parece clara: la salud y la ideología no son una buena combinación. Aún más con un proceso de vacunación lento y marcado por tropiezos, retrasos y escándalos (como el del vacunagate, en el cual amigos del poder pasaron antes en la fila de vacunados). Mientras tanto, aunque se anunció el acuerdo con Pfizer, esa vacuna aún no se está aplicando.
El gobierno ha dado un paso positivo al comenzar a negociar con otros laboratorios ante la emergencia. Quizás es muy tarde de cara a las elecciones: su gobierno ocasionó un caos de incertidumbre y más polarización por su incapacidad de concretar las negociaciones, en la aplicación rápida de dosis y al mezclar la política con un asunto de salud pública. Así que ahora, como jefe de Estado, debe enfocarse en lo más importante: dejar la retórica a un lado, acelerar el proceso de vacunación y evitar que las cifras de casos y fallecidos aumenten
* Corresponsal en América Latina del diario Folha de São Paulo.
