Rocío Arango Giraldo
Columnista

Rocío Arango Giraldo

Publicado el 05 de febrero de 2019

Ley de pago oportuno

Como si fuera el árbitro de un partido de fútbol, el Estado asume su papel en la lucha por la equidad, tomando acciones afirmativas para que las personas que están en aparentes desventaja puedan hacer uso de sus derechos.”Tanto Mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, dice la Economía Social de Mercado con Konrad Adenauer, un político alemán que permitió la recuperación de la economía de su país en la época de la posguerra.

Hago este abrebocas porque enhorabuena iniciamos el año con una discusión bien interesante hacia este tema: Según datos del gobierno nacional en 2018, las medianas y pequeñas empresas (Mipymes) conforman el 90 % del tejido empresarial, generan el 80 % del empleo formal y le aportan cerca del 50 % al Producto Interno Bruto. Estamos hablando el grueso de las empresas y organizaciones que le dan empleo a la gran mayoría de las personas en Colombia. Esas que cuando no les pagan a tiempo, tienen que hacer verdaderos “milagros” para estirar la olla. ¿Y si establecemos por ley, un plazo de tiempo para el pago oportuno de las facturas?

Cuando estas organizaciones venden productos y servicios a las grandes empresas, las demoras en los pagos los obligan a asumir créditos bancarios, sacrificar su capital de trabajo o incumplir en pagos a proveedores y empleados. Según, la presidenta de Acopi que es la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, “algunos proveedores reciben su pago después de 6 meses”, mientras que hay obligaciones trimestrales como los impuestos.

Frente a este panorama, el gobierno y su bancada en el Congreso anuncian el apoyo a la iniciativa. En redes sociales, algunos comentarios reclamaban que Uribe hubiese “ganado indulgencias con padrenuestros ajenos”, con la iniciativa de ley que ya fue presentada por el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro. Como el primero tiene más seguidores en Twitter que el segundo, tuvieron más eco sus palabras sobre la iniciativa legislativa, cuya raíz es una ley aprobada recientemente en Chile y que contempla sanciones para quienes no paguen a las Mipymes a 30 días. ¡De quien sea la idea y quienes la quieran apoyar, es muy buena cosa!

Sin embargo, varios economistas han advertido un riesgo: que el costo final por el pronto pago sea asumido por los consumidores finales de las grandes empresas. En el caso de las grandes superficies o supermercados, su modelo de negocio (O sea la receta para hacer plata), es disponer de una gran cantidad de inventario, dejando acumular las facturas por pagar.

Tal vez sea necesario con el ánimo de no desestimular las compras de las grandes empresas a nuestro tejido empresarial y que en últimas terminen consumiendo productos de afuera, establecer plazos de pago entre los 30 y los 60 días, según el volumen de negocio y la naturaleza de los implicados.

Pero siempre la mejor alternativa será inducir a las grandes empresas a que voluntariamente tengan políticas que favorezcan a sus proveedores. Para evitar imponer, a través de una ley, lo que debe de nacer de la ética de los principios de cada empresa.

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