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Es antigua la cooperación militar técnica que Estados Unidos presta a Colombia en múltiples frentes. Ha sido evidente en el combate contra el narcotráfico, en el cual el interés nacional de Estados Unidos es un asunto compartido tanto por republicanos como por demócratas. También el interés nacional de Colombia, cuya tesis desde la década de los 80 es la de la corresponsabilidad de la comunidad internacional, entre países productores y exportadores de drogas psicotrópicas, y los países consumidores.
Ahora se confirma la llegada de una misión de la brigada de asistencia del Comando Sur de EE.UU. para “asesorar a Estados Mayores de las fuerzas de tareas conjuntas (Hércules, Vulcano, Omega y Brigada contra el narcotráfico) de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico”.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sostiene que “no habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Estas las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas”.
Es natural que algunas bancadas políticas pidan explicaciones y formulen objeciones. También es legítimo que, en ejercicio de sus atribuciones parlamentarias, citen a debate de control político. El Gobierno deberá dar todas las explicaciones del caso para clarificar si, como lo sostiene, no se requerían las autorizaciones previas del Senado o el concepto del Consejo de Estado para esa misión de asesoría militar.
Queda, eso sí, de nuevo en evidencia el doble discurso de los partidos de izquierda, tan callados cuando las misiones militares son de Venezuela con sus aliados, tan hostiles con Colombia.
