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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 17 de diciembre de 2019

Los impuestos como instrumentos de redistribución

Supongamos una situación de distribución de los bienes y riquezas en un país con las instituciones políticas de un Estado de derecho pero con un sistema tributario completamente sesgado a favor de las personas y empresas con un alto grado de concentración de la riqueza.

En Colombia el índice Gini para el conjunto de personas jurídicas es de alrededor de 0.9593, lo cual quiere decir que un pequeño grupo de empresas concentra el 94 % del patrimonio de todas las personas jurídicas contribuyentes y pocas personas concentran el 53 % de la riqueza; “constatándose la posición altamente predominante y concentrada de las personas jurídicas más ricas del país, especialmente las superricas” (Garay/Espitia, 2019).

Esta es la realidad de las grandes desigualdades producidas por las políticas tributarias que han sido impuestas en los últimos años en función de asegurar los intereses de los más ricos, como lo muestra el estudio de Garay y Espitia, “La dinámica de las desigualdades en Colombia”. Mediante claras decisiones de tratos diferenciales y discriminatorios a favor de las personas declarantes más ricas se ha llegado a la consolidación de una marcada desviación de las reglas tributarias en favor de la concentración de la riqueza en cabeza de las empresas y de las personas más acaudaladas. Hay que señalar que los niveles de pobreza multidimensional son muy altos, alcanzando en 2017 un total nacional de 17,0 %, según el Dane.

Sin embargo, los representantes de los gremios empresariales consideran que la actual tributación los tiene al borde del abismo porque pagan mucho de sus ingresos al fisco. Ellos hacen una poderosa gestión de cabildeo para mejorar el monto de las deducciones y exenciones en favor de las empresas y personas naturales más ricas.

Este asunto de la desigualdad y la redistribución es parte central del conflicto político. Caricaturizando solo un poco, dos posiciones se han opuesto tradicionalmente. La posición de libre mercado de la derecha —con sesgo a su favor— considera que la distribución de bienes que resulte del funcionamiento del mercado es la única distribución justa. Niegan por esto cualquier forma de compensación social que se obtenga de los ingresos de los individuos libres y cualquier tipo de compromiso social del Estado. La posición de izquierda afirma que las desigualdades deben ser minimizadas y así la igualdad debe ser realizada en función del mejoramiento de la posición social de los pobres. Esto supone un gran esfuerzo redistributivo que debe ser hecho por el gobierno mediante una política de impuestos equitativa, progresiva y eficiente. Sin embargo, no se actúa en esta última dirección. Con los ojos vendados, burlándose de la protesta social y del país, el presidente y su ministro Carrasquilla, avanzan en una reforma tributaria que se orienta en favor de los poderosos. En la ley tributaria que se tramita actualmente ya se adicionaron otros $9 billones de exenciones al monto existente desde 2018 de $17,2 billones. El gobierno decide así que para combatir las desigualdades opta por la vía de enriquecer a los más ricos. ¡Gracias Carrasquilla!.

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