Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.
Para solucionar las “peleas” que se presentaban entre hermanos, la principal preocupación de los abuelos consistía en determinar quién la había empezado, es decir, quién había inicialmente desconocido su autoridad y las reglas de comportamiento para el hogar. Lo primero era censurar el desconocimiento de las normas de convivencia.
Algo similar parece suceder en nuestra sociedad, pues el problema actual consiste no sólo en identificar las causas y conductas que han llevado a buscar esquemas para resolver los conflictos por fuera de las reglas propias del Estado de Derecho, sino en determinar quiénes fueron los primeros en hacerlo y de qué manera su conducta ha originado un comportamiento seguido por los demás miembros del grupo social. Algo así como identificar cuándo surge un tipo de conducta que se convierte en una especie de ejemplo para los diferentes actores sociales.
Las normas se incumplen de manera voluntaria pero inconsciente, a partir de una especie de convicción colectiva sobre la no necesidad o inutilidad de su cumplimiento. Sin embargo, posteriormente el modo de desobediencia se afirma en razones, por ejemplo, el irrespeto de las instituciones por parte de quienes están llamados a actuar en su defensa.
Un día cualquiera hice un paréntesis en una visita que realicé a una ciudad cualquiera de nuestro país, y me detuve en el cruce de una vía principal. En menos de una hora presencié un elevado número de infracciones de tránsito, sin que existiera reproche ni reclamo alguno por parte de los ciudadanos. Vehículos parqueados donde no podían hacerlo, cruces realizados en lugares prohibidos, paradas en vía rápida y en medio de la misma, vehículos en contravía, motos con hasta cuatro pasajeros. Indagué por qué sucedía aquello. En general las respuestas consistieron en afirmar que no importaba si la conducta estaba reglamentada o prohibida, lo único importante era que, no obstante el incumplimiento de las normas, no se presentaban accidentes y las personas cumplían su trabajo. O la norma es inútil. O la regla de derecho no sirve. O simplemente cada uno responde por su propia supervivencia.
Pero hay otro argumento más delicado acerca del desprecio por el Estado de Derecho: es el mal ejemplo de quienes se supone están llamados a defender las instituciones. A raíz de mi artículo anterior sobre este tema, la mayor parte de quienes me escribieron, afirman que los principales causantes del desprecio por la normatividad eran los supuestos defensores de las instituciones, a quienes les asignan responsabilidad por la toma del Palacio de Justicia, el “elefante” que infiltró una campaña presidencial, los falsos positivos, el referendo incumplido sobre los acuerdos de paz, el denominado cartel de la toga, la violación de derechos, la negligencia de los órganos de control, para concluir que el desconocimiento del derecho empieza por los representantes de las instituciones.
Conclusión: cualquier diálogo debe tener como punto de partida la recuperación, por parte de todos los actores, del principio de legalidad y el respeto por las instituciones