Por Armando Estrada Villa
El covid-19 está causando estragos en la salud y la economía, pero no puede ocurrir que eso nos lleve a olvidar los problemas estructurales que padecemos de tiempo atrás: pobreza, desigualdad, concentración del ingreso y la riqueza, informalidad, violencia y corrupción.
Pobreza. Según el Dane, en 2018, con una población de 48.258.494 habitantes, estaban en pobreza monetaria extrema 3.5 millones de personas, el 7.2 % de la población, con ingresos de máximo $117.000 por persona mensual. Mientras en línea de pobreza monetaria vivían 13 millones de colombianos, el 27 % de la población, con ingresos de máximo $257.000 por persona mensual. A su vez, en pobreza multidimensional, que califica en cada hogar las condiciones educativas de niños y jóvenes, salud, trabajo, acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, había 9.5 millones, el 19.6 % de colombianos.
Desigualdad. De acuerdo con el Banco Mundial, el coeficiente Gini, donde 0 significa que hay igualdad total y 1 que muy pocos concentran el ingreso, en Colombia está en 0.53, que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo. Además, el Gini urbano es de 0.517 y el rural de 0.90.
Concentración del ingreso y la riqueza. Significa esto que un reducido número de personas y empresas controlan o son propietarias de una proporción significativa de la riqueza y el ingreso. Al respecto, el libro de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia ‘La dinámica de las desigualdades en Colombia’ (2019), muestra cifras inquietantes: el 0,25 por ciento de las fincas tienen el 74 % del total de la tierra del país. Unas 3.000 personas concentran el 44 % del ingreso bruto nacional. Las 500 empresas más grandes de Colombia concentran el 81 % de los patrimonios declarados. Y el 1 % de las personas jurídicas aportan cerca del 70 % del valor total de impuestos.
Informalidad. El Dane reveló que la informalidad en Colombia llegó a 47.7 % en enero del presente año, esto es, que un total de 5.7 millones de ciudadanos obtienen un ingreso mediante alguna actividad informal. La informalidad es problema porque reduce la calidad del trabajo, el acceso a servicios sociales y a protección laboral, contrae la base impositiva e ingreso a las pensiones y su financiación, impacta la productividad, atenta contra el trabajo adecuadamente remunerado y contribuye a la gran desigualdad en los ingresos.
Violencia. En 2019 hubo 12.825 homicidios, con una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio de Defensa. Más del triple del promedio mundial y seis veces más que Europa y más que en Uruguay con 9.8, Perú con 8.5, Argentina con 5, Chile con 2.6 por cada 100 mil habitantes.
Corrupción. La apropiación indebida de recursos públicos en beneficio privado tuvo un costo de 50 billones de pesos, según el anterior contralor, Edgardo Maya, lo que motiva la mala calificación de 3.7, donde 10 es muy transparente y 0 muy corrupto, y se ocupe el puesto 97 en el escalafón de 180 países, elaborado por Trasparencia Internacional
Estos problemas explican que millones de compatriotas no tengan acceso a bienes y servicios esenciales y vivan en condiciones indignas.
