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La justicia no fue excepción a los bajos niveles de aceptación que durante el año 2019 experimentaron la mayor parte de las instituciones nacionales. La falta de credibilidad en el juicio objetivo que para cada decisión deben tener los jueces, las acusaciones permanentes de corrupción que tuvieron su máxima expresión en el mal llamado cartel de la toga, y en la condena por parte de la Corte Suprema al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, las inconcebibles controversias de competencia entre la Jurisdicción Especial de Paz y la justicia ordinaria, los fallos encontrados y en ocasiones contradictorios entre las distintas cabezas de la justicia, mirado por el común de la gente, no como altas controversias sobre asuntos jurídicos, sino como inútiles disputas de poder entre las distintas instituciones, la insostenible demora de la Corte Suprema de Justicia por integrar su quorum, los problemas por los que durante el año atravesó a Fiscalía General de la Nación, salpicada por intereses personales y renuncias intempestivas por parte del Fiscal General en propiedad y algunos de sus colaboradores, el encargo inusitadamente extenso por parte de un fiscal en interinidad, a lo que se suma la tardanza por parte del Presidente de la República por integrar y presentar la terna para que la Corte elija el nuevo Fiscal, y como era apenas lógico, el hecho de que la Corte no realizara tal elección, son algunos de los argumentos para los bajos niveles de aceptación de la justicia.
Pero, además, sigue habiendo dos problemas de fondo que aquejan la actividad judicial: (i) las dificultades de acceso a la justicia y (ii) la demora en la resolución de los conflictos sometidos a consideración de los jueces. Ambos fenómenos se presentan en distintos niveles e instancias, pero contrario a lo que se especula en prensa, el problema es más grave en tratándose de pequeñas causas, que sumadas integran el gran cúmulo de asuntos que interesan al ciudadano.
En efecto es necesario agilizar las formas para solucionar los conflictos cotidianos del ciudadano en general. Para ello se hace indispensable estimular los mecanismos alternativos para solución de conflictos que consagra el estatuto del consumidor, hacer realidad el denominado arbitraje social y estimular los sistemas de conciliación en universidades e instituciones alternativas, de manera que las Cámaras de Comercio sigan cumpliendo, como lo vienen haciendo con lujo de competencia, un importante papel en los grandes arbitramentos y conciliaciones.
Debe existir una política de Estado sobre los trámites de los procesos ejecutivos, para lo cual se hace necesario implementar con fundamento en la tecnología, sistemas de inteligencia judicial que permitan de manera rápida y sin costo para la administración de justicia, reorientar los procesos ejecutivos en los que supuestamente están interesados, más que el común de las personas, las altas instituciones financieras y bancarias. El manejo inteligente de datos debe permitir que esos trámites salgan del ámbito de los jueces, originando importantes factores de descongestión en la administración de justicia.
