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El diez de febrero el alcalde de Medellín expidió un “Protocolo de Reacción contra Explosivos en Universidades” en cuya virtud, cuando se detecte que en ellas se usen tales sustancias, dispone autorizar el ingreso de la fuerza pública con equipos para repeler esas acciones; eso, sucedió el pasado 20 de febrero y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), irrumpió en la Ciudad Universitaria que de inmediato se convirtió en un campo de batalla.
Lo anterior ha generado diversos pronunciamientos que van desde los que (algunos con marcado tono autoritario) aplauden la medida hasta quienes ponen el grito en los cielos porque, dicen, con ello se atenta contra la autonomía universitaria, se criminaliza la protesta social y se genera peligro para las vidas, los bienes y la tranquilidad pública. Al respecto, es aplaudible el muy equilibrado y oportuno pronunciamiento del claustro de profesores de la Facultad de Derecho del día 28 de febrero.
Sin embargo, más allá de ese debate se debe precisar lo siguiente: de un lado, está claro que las dependencias universitarias no se pueden convertir en repúblicas independientes donde los extremistas de todo cuño siembren el pánico (con explosivos y capuchas, o mediante panfletos amenazantes y acciones homicidas contra los integrantes de la comunidad) y, de paso, manchen las legítimas protestas pacíficas de quienes muestran su inconformidad, como debe ser en una democracia llamada a garantizar la libre expresión de las ideas y la controversia, en el seno de un Estado democrático.
De otro lado, téngase en cuenta, conductas como las de fabricar, conservar, portar o usar explosivos, etc., son delictivas y traen aparejadas graves penas de prisión de once a quince años, que se duplican cuando los autores opongan resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, o empleen máscaras o elementos similares que impidan o dificulten su identidad (artículos 365 y 366 del Código Penal).
Es más, cuando se ejecutan esos comportamientos no basta solo con realizar el ingreso de las autoridades a las dependencias donde ellos tengan lugar sino que sus autores tienen que ser conducidos, en el acto, ante los jueces de la República por parte de los fiscales apoyados por la policía judicial, los únicos competentes para realizar la indagación e investigación a raíz de esos hechos; y ello es todavía más evidente si se trata de delitos cometidos en flagrancia (Constitución Política, artículo 32; Código de Procedimiento Penal, artículos 301 y ss.).
Pero esas operaciones no se pueden realizar de cualquier manera –solo con el pretendido pretexto de “recuperar el control” como dice el Protocolo– porque ellas se deben hacer con el respeto al debido proceso legal y por las autoridades legítimas; el alcalde, así tenga a su cargo la conservación del orden público, no es un “valiente” sheriff del lejano Oeste (¡como lo pretendió su antecesor!) ni la elección lo volvió –como por arte de magia– fiscal o juez.
Incluso, quienes emiten tales órdenes tienen que responder por las violaciones a los derechos humanos que se produzcan, si con esas actuaciones no respetan los principios de legalidad, dignidad de la persona humana, propocionalidad, etc.; se deben, entonces, evitar a toda costa los atropellos, el uso desmedido de la fuerza, la persecución armada contra estudiantes y funcionarios universitarios, etc. Por tal razón, la ley penal castiga a los servidores públicos que abusen de su autoridad o lleven a cabo conductas asimiladas. En fin, en el marco de la actual situación de violencia el burgomaestre y el gobernador –en vez de discutir si ordenan quitar o no los enrejados en esas instituciones– y, con ellos, las demás autoridades, tienen que enderezar todos sus esfuerzos a la preservación de la vida de los integrantes de la comunidad universitaria, para evitar aleves atentados como el que casi le cuesta la vida a la profesora Sara Fernández Moreno. Con ella cantemos todos con grande fervor: ¡Qué viva la Universidad!.
