Por Orlando L. Arenas Madrigal
Con referencia al manifiesto firmado por los candidatos a la Alcaldía para prohibir o impedir las corridas de toros, deja de ser importante la discusión de si los toros sí o no, para dar paso a lo que realmente nos debe preocupar como electores. En un Estado social de derecho la orden del juez es para cumplirse o dejaría de ser un Estado social de derecho. La tauromaquia (sentencia C-1195/2005) es reconocida en Colombia como una actividad artística y cultural, la Ley 916/2004 reglamenta y regula la actividad y las Cortes en diferentes sentencias, entre ellas C-666/2010, T-296/2013, SU-056/2018, han ratificado dicha legalidad y sentenciado que no se pueden prohibir o impedir por parte de los mandatarios locales. Entonces podría concluirse que nuestros candidatos están enviando al electorado el siguiente mensaje: “señores electores, con mi firma en el manifiesto antitaurino me comprometo a desconocer derechos ciudadanos, violentando la legislación vigente y desacatando los órdenes de los jueces”. Independiente de lo que los colectivos o movimientos antitaurinos crean y defiendan, el aspirante a alcalde solo se puede comprometer a gobernar para todos y hacer valer los derechos de todos, pues lo contrario dejaría de ser gobierno justo e imperio de la ley para ser populismo y parte de la corrupción que tanto criticamos.