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El neoliberalismo no solo es una concepción económica que aboga por el libre mercado, la reducción del gasto público, la privatización, la desregulación económica y el rechazo a la solidaridad social sino que también tiene manifestaciones políticas e injiere –de forma decisiva– en la regulación del Estado, para lo cual introduce una racionalidad técnica orientada al logro de resultados en todos los ámbitos; eso, justamente, también sucede con la investigación académica y científica que solo se concibe a partir de su productividad y sus profesionales deben ser inspeccionados de forma minuciosa.
Por ello, desde hace un poco más de cinco décadas, en nuestro país existen mecanismos para ejercer la vigilancia y control de esas actividades por parte de entidades oficiales (antes Colciencias) y hoy el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), cuyas funciones están dirigidas –entre otras– a formular la política pública de ciencia, tecnología e innovación en el país y a velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es la razón por la cual, de forma periódica, se hacen mediciones para reconocer y calificar a investigadores y grupos que los arropan, con profunda incidencia en la marcha de los organismos dedicados a esas tareas y en la educación superior.
Pero estas manifestaciones propias del neoliberalismo académico e investigativo que, con relativa comodidad, hasta ahora han sido soportadas por los evaluados, toma un nuevo y decisivo cariz con la creación en 2019 del actual Ministerio que –para poner en práctica aquello de que escoba nueva barre muy bien–, ha hecho una reciente convocatoria de reconocimiento y medición: la 894 de 2021, con unos extensos y kafkianos “términos de referencia”. Ella, con toda razón, ha levantado mucha inconformidad: se hace en plena pandemia cuando universidades e investigadores están encerrados en sus viviendas, lejos de las aulas, las bibliotecas, las oficinas y los laboratorios, donde están sus implementos de laboreo; se cambian, de forma retroactiva y muy desfavorable, las condiciones para evaluar diversas obras (capítulos y libros resultados de investigación; producciones de contenido digital audiovisual, sonoro y recursos gráficos digitales, etc.); se obliga a diligenciar otra vez la información anterior para sustentar los “productos” (¡hasta el nombre lastima los oídos!) de la ventana de observación (2016-2020), sin importar si se pueden o no conseguir las pruebas; y, en fin, se le da poca relevancia a la investigación formativa.
Pero fuera de estos cambios abruptos, llama la atención la forma como se quiere medir todo hasta en los detalles más recónditos, obligando a los entes de educación superior a convertirse en policías del pensamiento de sus investigadores (recuérdese a Orwell) y a éstos en crudas máquinas para llenar formatos, conseguir evidencias a como dé lugar, dejando su actividad intelectual a un lado. Además, de forma desdeñosa se responde a quienes –como las universidades antioqueñas agrupadas en torno al llamado G-8– quieren abrir el debate sobre la materia, como se infiere de la misiva firmada por la señora Clara Beatriz Ocampo Durán, conocida el día 20 de mayo, encargada de la Dirección de Generación de Conocimiento de Minciencias.
Así las cosas, el lema es privilegiar a la tecnocracia por encima de la verdadera investigación, a las técnicas en vez de las humanidades, a las formas sobre los contenidos (para ser bien calificado, pues, se deben refinar las estrategias y los artilugios que prueben la existencia y la calidad de las obras) y, lo más preocupante, se muestra una enorme desconfianza sobre los seres humanos que intentan hacer academia en un país que en medio de la aplastante crisis social actual solo atina a sacar la cabeza en estos difíciles ámbitos, dado que es uno de los más atrasados del planeta. ¡Que siga, pues, adelante la feria de los cartones y viva el neoliberalismo, los seres humanos deben sucumbir ante los sistemas y, si no se dejan evaluar, se deben tirar!
