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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 10 de abril de 2019

Más allá de la muerte

El hombre que ayudó a morir a su esposa en España trajo una vez más la eutanasia al debate público. ¿Quién guía la discusión en Colombia?

Mientras que Gustavo Quintana, el “Doctor Muerte”, dijo en La W que ha practicado 400 eutanasias, el Ministerio de Salud reporta oficialmente 52 en todo el país desde abril de 2015 (emisión de la Resolución 1216). Nunca ha sido aplicada en menores, pese a que es permitida después de los seis años bajo diversos condicionamientos. Bogotá, Medellín, Cali y Pereira son las ciudades con más solicitudes.

¿Qué sucede cuando un país tan profundamente conservador como Colombia está amparado por una Constitución que honra las ideas liberales? La eutanasia demuestra que, a pesar de que una norma exista, solo la pedagogía constante permite su entendimiento y posterior aplicación.

En 1997, Carlos Gaviria Díaz consignó en la Sentencia C-239: “El Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad”. En 2014, la Ley 1733 “Consuelo Devis Saavedra” reguló los cuidados paliativos para el manejo de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles. Ese mismo año, la sentencia T-970 (la resolución 1216 le daría luz verde en 2015) marcó las directrices de los comités para el derecho a morir con dignidad.

Antes de 2015, todo quedaba entre médico y paciente. Hoy, es necesario el aval de un Comité integrado por un especialista en la enfermedad que aqueja al paciente, un psicólogo o psiquiatra y un abogado. (Solo los médicos pueden aplicar eutanasias).

Entonces, ¿cuáles son las barreras?

Los mayores obstáculos se presentan antes de llegar al Comité. Primero, la familia: la eutanasia es socialmente evadida (más cuando media la religión). Segundo, escudadas en la libertad de cátedra, algunas universidades esquivan el debate.

La objeción de conciencia: algunos médicos condenan la eutanasia, por eso no la aplican. Otros la aprueban, pero optan por no realizarla ellos mismos. Los primeros son la mayor barrera (entre ellos se incluyen quienes argumentan desde el moralismo o la superioridad moral: el discurso –tan paisa– de “Usted no entiende el valor de la vida, venga le explico”).

En cuanto a los requisitos mínimos: a falta de comités en comunidades apartadas, el paciente debe solicitar la eutanasia al médico tratante para que la evalúe y considere escalarla a la EPS.

¿Cuántos médicos informan sobre cuidados paliativos y/o tramitan solicitudes? ¿Se respetan los tiempos legales?

El obstáculo siguiente es la escasez de especialistas en cuidados paliativos. Muchas peticiones de eutanasia terminan donde un paliativista. Ante la imposibilidad de abarcar toda nuestra geografía y sin desconocer la complejidad de dicha disciplina, expertos consideran pertinente entrenar a médicos generales. Stella Navarro*, intensivista y magíster en Bioética, dice: “Independientemente de las objeciones de conciencia, el rechazo de los médicos a la eutanasia va a persistir mientras no sientan que les dan a los pacientes un manejo ideal”.

Quienes solicitan la eutanasia suelen tener anhelos comunes: terminar su sufrimiento, evitar ser “una carga”, no atestiguar su propio deterioro.

La eutanasia no es la única salida. Solo, a veces, la más digna.

* La doctora Navarro me asesoró en Bioética para esta columna.

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