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La tragedia. Se recrudecieron las masacres contra colombianos desprotegidos. Hoy son asesinados sin tregua.
¿Qué pasa en esta Colombia del gobierno de Duque que ha visto reaparecer este fenómeno tétrico, doloroso que tiñe de sangre la tierra y el corazón de tantas familias y millones que no hallan explicaciones claras?
Las cifras hablan. En 2019 hubo 36 masacres, el número más alto desde 2014. Y este año, de acuerdo con la ONU Colombia, van 33 en ocho meses y medio.
Casos en su mayoría en la Colombia olvidada, esa que no importa a los gobernantes más que para enviar tropas y que los grupos armados ilegales convierten en noticia con su accionar. Esa Colombia a la que no se le resuelven los crímenes aunque investigan mucho pese al envío de cúpulas militares, gran paradoja con la prontitud con la que se aclaran en la gran capital.
Aterra ver cómo matan con sevicia a niños y jóvenes, recordando las peores épocas de la violencia a finales del siglo pasado y primera década del actual, atizada todavía por sectores retardatarios de la sociedad.
La ONU no solo reseñó las masacres de 2020, sino los 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales ha verificado 47, aparte del aumento del 10 % en el número de excombatientes muertos por violentos en el primer semestre.
Duele y preocupa. Bien lo dice el obispo de Cali, Darío Monsalve: “La ensangrentada soledad y estigma que vive el pueblo humilde y desarmado, sobreviviendo a todo tipo de armados, a los que se suman políticas arrasadoras y opresoras, exige la más grande solidaridad de nuestra historia”.
Masacres con las cuales grupos armados llaman la atención de su poderío y afianzan su posicionamiento en regiones donde se desarrollan distintas actividades, desde ilegales a otras enmascaradas con el rostro de la legalidad.
Andan envalentonados ante un gobierno que poco hace por contrarrestarlos salvo mantener tropas y desarrollar algún operativo que no cambia las cosas ni el mapa de la violencia.
Un gobierno representante de un Estado que nunca ha querido ni sido capaz de mirar a la periferia y copar el territorio para llevar desarrollo y oportunidades a comunidades en las que las grandes carencias a estas alturas indignan, llegando solo con migajas lastimeras cuando hay sucesos para lamentar.
Tomando las palabras de Leyner Palacios, líder chocoano defensor de las comunidades, el gobierno debe proteger y no ser espectador ni falsa víctima. ¿Lo hará?
Qué realidad tan dura.
Maullido: nuestros alcaldes se volvieron grandes “desempleadores”.
