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Federico Gutiérrez Zuluaga
Columnista

Federico Gutiérrez Zuluaga

Publicado el 19 de octubre de 2020

Minga indígena: diálogo sí, chantaje no

En Colombia existen 105 pueblos indígenas que representan el 4,4 % de la población nacional según su composición por etnicidad. Están protegidos constitucionalmente en la medida que existe un respeto por su identidad, leyes y una valoración a la diversidad étnica y cultural que hay en nuestro país. A pesar de este amparo legal, los pueblos indígenas han estado en medio del conflicto armado y han sufrido en sus territorios la violencia criminal generada por guerrillas, paramilitares y mafias vinculadas al narcotráfico.

Esta realidad los hace sujetos protegidos por el Estado. Por ello el Gobierno debe mantener una disposición de diálogo permanente con estas comunidades, no sólo a través de los 3 representantes que tienen curules en el Congreso sino también de otros líderes y organizaciones indígenas, entre ellas la Minga que se moviliza por estos días desde Cali hacia la capital con el objetivo de dialogar con el gobierno nacional sobre temas como el respeto al territorio y a sus pobladores; la vida y el deber de garantía desde el Estado; el cumplimiento e implementación del acuerdo de paz y el acceso a los derechos fundamentales, sociales, políticos y culturales.

Frente a estas reivindicaciones considero que si bien la Minga es legítima y su derecho a la protesta pacífica está garantizado, su agenda debería partir de tres aspectos importantes: el primero, que las discusiones se hagan sobre temas puntales que conciernan específicamente al bienestar de los pueblos ancestrales y les permita avanzar hacia el desarrollo de sus territorios. El segundo, la desvinculación de intereses de otros sectores políticos o armados que de manera oportunista quieran poner sobre las cuerdas al gobierno nacional y sacar ventajas desde la violencia, la polarización y la desestabilización institucional para reivindicar protagonismos y discursos populistas con los cuales ganar adeptos. Y el tercero, que se pueda construir sobre lo construido, reconociendo la voluntad de diálogo que ha tenido el Presidente al enviar a Cali un equipo negociador de alto nivel –encabezado por sus ministros– que lamentablemente fue rechazado por los líderes de la Minga.

Un diálogo franco con el Presidente o sus representantes permitiría socializar y verificar, por ejemplo, las inversiones sociales que ha realizado el gobierno nacional por más de $344.000 millones para los pueblos indígenas del suroccidente del país durante 2019 y 2020, y más de $296.000 millones ya asegurados para el 2021, significando un cumplimiento del 80 % de lo pactado.

La Minga no puede radicalizarse ni chantajear a los colombianos, tampoco poner en riesgo la salud de los ciudadanos de Cali, Armenia, Ibagué y Bogotá por el incumplimiento de protocolos de bioseguridad. Y mucho menos con sus marchas y movilizaciones impedir la recuperación económica y las posibilidades de sustento de millones de colombianos que apenas se están recuperando de los estragos de la pandemia.

Los líderes de este movimiento deben tener claro que no representan a la totalidad de los indígenas del país, pues los del Cauca son el 16 % de los pueblos ancestrales de Colombia, que además están concentrados en otras importantes zonas como La Guajira (20 %) y Córdoba (10,6 %). Se debe reconocer el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno para poder avanzar desde la verdad, el respeto y el reconocimiento; además de agotar los canales institucionales de deliberación y consenso, máxime cuando estamos en un escenario de covid-19 en el que hay que garantizar el bien común por encima de todo.

Es fundamental mantener espacios abiertos de diálogo, crear lazos de confianza y evitar la confrontación violenta. Por todo esto: diálogo sí, chantaje no. El país requiere de la sensatez por parte de los líderes de la Minga.

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