Por Paula Andrea Hernández M.*
www.proantioquia.org.co
Dolorosas son las cifras de pobreza en Colombia que, para 2020, alcanzaron máximos históricos: 21 millones de personas en situación de pobreza y 7,5 millones en pobreza extrema. Los datos muestran las dimensiones de la tragedia cuando se ahonda en lo que significan: quienes clasifican como pobres no tienen ingresos mensuales suficientes para adquirir los alimentos y servicios básicos mínimos para vivir porque estarían subsistiendo con un ingreso de $11.056 por día. En peor situación están los pobres extremos que, con un ingreso diario inferior a $5.000, no tienen los medios para cubrir siquiera la canasta de alimentos que les brinde el mínimo calórico para sobrevivir. Esos ingresos insuficientes se traducen en obstáculos para desarrollar capacidades y funciones básicas, como señala el Nobel de Economía Amartya Sen.
Uno de los frentes para el desarrollo de capacidades es el empleo, que se ha precarizado en la pandemia. Con corte a marzo, 3,4 millones de personas estaban desempleadas en Colombia y, entre estas, las mujeres y los jóvenes se han llevado, de manera sistemática y desproporcionada, la peor parte con un empeoramiento de condiciones laborales que, previamente a la crisis de la pandemia, ya los ponían en desventaja. En ese sentido, es imperativo que aunemos esfuerzos desde todos los sectores para coordinar agendas y capacidades que favorezcan su inclusión productiva.
En el caso de las mujeres, la pandemia acentuó la carga de trabajo doméstico y cuidados no remunerados que incide en su participación laboral y, por esa vía, en su potencial para generar ingresos y acceder a protección social. Además, la crisis las ha expulsado del mercado laboral en mayor medida que los hombres: para marzo, por cada hombre desempleado hubo dos mujeres de más en esa situación. Estas condiciones derivan en que 46,7 % de los hogares con jefatura femenina en el país son pobres, poniendo a las mujeres en el centro de la respuesta a la crisis que debe priorizar políticas de empleo que garanticen su participación en sectores generadores de valor, con horarios y contratos flexibles pero que, no por ello, minen las garantías del trabajo decente. Además, es necesario propiciar el acceso a servicios de cuidado para sus dependientes, junto con el robustecimiento de los servicios de protección social para las mujeres pobres y vulnerables. Asimismo, es clave brindarles acceso a programas de formación y capacitación para el trabajo, que incluyan cualificación en herramientas digitales, y acompañar esto de programas de fortalecimiento del tejido empresarial liderados por mujeres, fortaleciendo sus emprendimientos y generando redes.
En cuanto a los jóvenes, estos presentan menores tasas de ocupación y menor participación laboral: su tasa de desempleo es 1,5 veces superior a la nacional, con el agravante de un claro sesgo de género para las mujeres jóvenes, con un desempleo de 31,3 %. Los efectos van más allá del ámbito laboral y pueden generar secuelas en su salud física y emocional con el doble de probabilidades de padecer ansiedad y depresión para los jóvenes que dejaron de trabajar o estudiar, según la Cepal. Por ello, es urgente ejecutar acciones y políticas que promuevan la inserción laboral de los jóvenes con programas de capacitación que integren ofertas educativas flexibles, de manera que incentiven su participación y el retorno de desertores, junto con formación en habilidades donde la tecnología es imprescindible. Lo anterior idealmente debería combinarse con transferencias monetarias condicionadas en articulación con la estructura de formación propuesta y estrategias de enganche laboral que incluyan pasantías y bolsas de empleo para reducir el desempleo estructural, tal como lo propusimos junto con Medellín Cómo Vamos en la estrategia Jóvenes Digitales 4.0
* Economista, estudiante de la maestría en Estudios urbano-regionales. Coordinadora de Planeación y gestión del conocimiento de Proantioquia.