Las Fuerzas Militares, por su importancia intrínseca y su rol en la construcción de la democracia, requieren un control social idóneo y bien informado. Ello exige al menos tres circunstancias. Una prensa que, en su labor de informar y crear opinión, asuma posiciones objetivas, correctamente analizadas y en función de los intereses de la nación. Segundo, un liderazgo político que comprenda y actúe sabiendo que la institución militar no puede ser manipulada ni puesta al servicio de sus intereses partidistas y electorales, sino en función del interés general. Tercero, una comunicación franca y fluida entre las fuerzas vivas de la sociedad y el liderazgo militar.
Es muy importante que la prensa investigue e informe objetivamente sobre lo que pasa en el interior de la Fuerza Pública y en su entorno, sin buscar intereses oscuros o basarse solo en filtraciones y fugas de información. Lo digo a propósito del artículo del diario El País de España, el pasado 19 de agosto, sobre el documento firmado el 13 de marzo pasado por el Comandante del Ejército, el cual considero, por los apartes que conozco, necesario y oportuno.
Este documento, conocido hasta ahora como Plan 002811, no es más que el desarrollo del emitido previamente por el nivel jerárquico superior, el Comando General de las Fuerzas Militares, el 2 de noviembre de 2108 y firmado por el General Mejía Ferrero, para la fecha Comandante General de las Fuerzas Militares, con la finalidad de “Emitir directrices para la construcción de una Narrativa Marco del conflicto armado colombiano, que refleje la experiencia de las Fuerzas Militares, siendo de utilidad tanto a la institución como a sus miembros dentro o en el escenario específico de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), contribuyendo a la garantía del derecho a la verdad que tienen, sin distinción, las víctimas del conflicto colombiano”.
Este propósito es respaldado por el actual Comandante General, General Luis Fernando Navarro, quien considera derecho y obligación de las Fuerzas Armadas el dar a conocer a la sociedad la verdad institucional, basada en lo vivido durante cincuenta años de conflicto, construida por todas las unidades militares y fundamentada en los informes operacionales.
El General Martínez, como Comandante del Ejército, enfatiza la necesidad de comunicar la verdad institucional sobre los orígenes, causas, desarrollo e impacto del conflicto armado, y define tres líneas de acción: la contraargumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de las afectaciones causadas a las víctimas militares.
Fuera del contexto militar encontramos la opinión del presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Padre jesuita Francisco de Roux, quien opina que es normal que las diferentes instituciones tengan sus propios puntos de vista y que el trabajo de la Comisión es recibirlos y contrastarlos. Para él la construcción de la verdad necesita de todo ese tipo de discursos, incluido el de los agentes del Estado, sobre lo que vivieron en los campos de combate. Agrega que expresar sus puntos de vista es una responsabilidad y un ejercicio de legitimidad.
Dado que todo lo concerniente a las Fuerzas Militares y su liderazgo afecta a la seguridad y la defensa nacionales, la interpretación de sus actos exige de la prensa un análisis responsable y del lector claridad sobre las motivaciones de quien escribe.
