Por Margarita María Restrepo*
Las imágenes producen indignación, dolor y preocupación. No es un juego. Niños –incluido un bebé que da sus primeros pasos– con escudos, montando barricadas y lanzando botellas de agua, en una muestra de horror de la organización llamada “Primera Línea”.
El video, grabado en un parque público de Medellín, es prueba fehaciente de que quienes están detrás de los actos de barbarie que se registran en el país, tienen a los niños en su mira, para adoctrinarlos desde pequeños, sembrando en sus almas y mentes la semilla del odio. Ellos –los niños– que no tienen capacidad para escoger libremente su filiación ideológica, están siendo utilizados como herramienta de violencia.
Vayamos directo al punto. La Constitución en su artículo 44 ordena que los derechos de los niños prevalezcan sobre los de los demás ciudadanos.
¿Y a cuáles derechos hace referencia la Carta? La vida, salud, integridad, seguridad social, alimentación, etc. Pero también deben ser protegidos contra cualquier forma de violencia física y, como para que no queden dudas, se prohíbe expresamente que se les someta a trabajos riesgosos.
El Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional, es especialmente celoso del cuidado y protección de los menores de edad. En uno de sus artículos –el séptimo– se hace referencia a la esclavitud, crimen que es definido como “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona (...) incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”.
Los responsables del reclutamiento de los niños que vimos en el repelente video grabado en el parque de Los Deseos, de Medellín, deben ser individualizados y llevados ante la justicia. Igualmente, el país sabe quiénes son los dirigentes políticos que se han encargado de alentar, financiar y defender a esa “Primera Línea” que ahora quiere nutrir sus filas con chiquillos.
En múltiples resoluciones, las Naciones Unidas ha definido que aquellos Estados que son incapaces de proteger a los niños, entran en la categoría de “fallidos”. Y dicha protección no se limita a la labor de las autoridades ni de las entidades. Es un deber de todos los ciudadanos propender por el bienestar de los menores. Ellos, independientemente de las dinámicas de violencia que se viven en el país, deben estar al margen de las mismas, concentrados en su formación académica y su desarrollo psicosocial.
Qué bueno sería que la ley recientemente aprobada por el Congreso –de la que soy autora– que fortalece las penas de prisión para los responsables del delito de reclutamiento forzado de niños y adolescentes, fuera estrenada con los desadaptados de la “Primera Línea” que están pretendiendo usar a unas criaturas inocentes en sus actividades de vandalismo
* Representante a la Cámara por Antioquia, del Centro Democrático.